Gobierno central, sindicatos y empresarios a nivel nacional se reunieron ayer para retomar las negociaciones de cara a la regulación del trabajo a distancia, con un nuevo texto sobre la mesa, remitido hace unos días a los agentes sociales. El nuevo borrador incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica. Al mismo tiempo, el texto clarifica los límites a la capacidad de las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su «dignidad» y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes. En el borrador anterior se establecía que las empresas podrían ejercer su derecho de control sobre el trabajo a distancia mediante el uso de medios telemáticos, en los términos previstos en la ley de protección de datos.

Asimismo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró que se espera que este mes ya haya una ley de teletrabajo y señaló que el procedimiento debería ser el de un Real decreto ley y de tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

Álvarez exigió que le expliquen cómo se va a pedir a las empresas privadas que apliquen una regulación de teletrabajo de una naturaleza y que no se vaya a aplicar a las administraciones públicas para el personal laboral. «No es muy razonable», dijo. Asimismo, aprovechó para dejar claro que el teletrabajo no va a continuar siendo el «chollo» que ha sido durante la pandemia.