El coportavoz de STERM en la Región de Murcia, José Manuel Fernández Gayoso, ha dicho este lunes que las medidas anunciadas por la Consejería de Educación para la vuelta a los centros educativos "no garantizan una vuelta segura e inclusiva a los centros educativos" y consideró necesario que el retraso al día 14 del curso venga acompañado de medidas de protección.

El sindicato insiste en que la única manera de garantizar una presencialidad segura de la comunidad educativa en el actual escenario de vuelta a los centros educativos de la Región implica una inversión "nítida y suficiente" en contratación de docentes, personal de administración y servicios, reducción de ratios en las aulas y adaptación de las infraestructuras escolares.

“Es prácticamente imposible cumplir con buena parte de los protocolos establecidos por Salud y Educación, como por ejemplo con cuestiones como el lavado de manos del alumnado o el distanciamiento interpersonal, sin una importante bajada de las ratios de alumnado por aula", añade.

El retraso del inicio de curso "no puede servir únicamente para que el alumnado entre más tarde a las aulas sino para que se aprueben nuevas medidas de prevención del contagio y protección de la salud".

"Si se mantienen las actuales condiciones, se estará llevando a toda la comunidad educativa a una situación insostenible”, añade.

Fernández añade que “independientemente del retraso del inicio del curso escolar, Educación tiene que convocar los actos de adjudicación esta misma semana para que todo el profesorado se pueda incorporar a los centros y planificar adecuadamente su trabajo. Lo contrario sería imponer criterios de ahorro que pondrían en peligro la posibilidad de realizar una vuelta a los centros educativos organizada y segura”.

El sindicato mantiene la convocatoria de una asamblea extraordinaria el próximo jueves 3 de septiembre para concretar los actos de protesta y las movilizaciones que se llevarán a cabo durante las próximas semanas y no descarta la celebración de varias jornadas de huelga con el objetivo de presionar a la administración para que adopte las medidas necesarias para garantizar una vuelta a las aulas presencial y segura para toda la comunidad educativa.