El año 2005 fue un momento de alegría y satisfacción para las parejas homosexuales, ya que habían conseguido igualar legalmente sus derechos a los de las parejas heterosexuales, modificando el Código Civil e incorporando los cambios en el ordenamiento jurídico español. Pero no todo iba a ser tan fácil como parecía el 3 de julio cuando España se convertía en el cuarto país del mundo que permitía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y, por ende, los derechos sucesorios como la herencia, la pensión o la adopción.

Un claro ejemplo de que no todo fue un camino de rosas es la historia de Susana y Vanesa, dos vecinas del colectivo LGTBI de la Región que fueron, y siguen siendo, víctimas de una minoría emponzoñada del sistema judicial que insistió incesantemente en «retrasar maliciosamente» un proceso de «adopción de hijo de cónyuge» que «no requería idoneidad y era poco más que un mero trámite» y que acabó por no ser así a causa de la imposición de una ideología por encima de los procedimientos jurídicos y la legalidad.

Actualmente, la filiación de los hijos es directa si los padres o madres están casados y tienen su libro de familia, únicamente es necesario inscribir a los hijos en el registro y trámite terminado. Pero por desgracia, en 2006 cuando nació la primera hija de Susana y Vanesa, todavía quedaban por hacer algunos reajustes en las leyes que tratan estos asuntos. Cuando la pareja se dispuso a realizar la adopción, su expediente cayó en manos del exjuez de familia Fernando Ferrín Calamita y fue entonces cuando empezaron las adversidades para ellas.

«Las madres han pasado un calvario por culpa de esta persona, cuando la adopción debería haber sido un simple trámite que se habría resuelto rápidamente de no haberse encontrado con él», aseguran desde la Asociación de Familias Homoparentales de la Región de Murcia, representantes de las madres afectadas.

Desde el 2006, año en el que comenzaron los procedimientos, el exjuez continuó poniendo todo su empeño en que no hubiera una sentencia firme, y por tanto, que no pudieran concluir la filiación.

«En primer lugar, pidió un examen psicológico de la madre no biológica a las psicólogas de su juzgado, el cual fue favorable» explica Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM. «Como no le convencía pidió otro informe a la Dirección General de Familia, que también fue favorable. Hizo lo mismo con la madre biológica, y tras ser válido de nuevo, pidió otro a todos los psicólogos de la Dirección», detalla Ade, «a lo que estos se negaron», tal y como cuenta el exjuez en su libro Yo, víctima de la cristofobia, en el que afirma además que su pretensión era «que un perito serio, científico, no ideologizado me ilustrase sobre la personalidad de la adoptante...».

Tras no encontrar un informe psicológico desfavorable de ninguna de las madres, dilató el proceso durante más de dos años sin firmar sentencia y denegando así la adopción de la niña por su madre no biológica.

A principios de 2008, las madres lo demandaron, y el Tribunal Superior de Justicia le abrió un expediente disciplinario por el cual fue condenado a 2 años y 3 meses de inhabilitación de su cargo, y más tarde, en 2009, el Tribunal Supremo, aumentó su condena a 10 años por prevaricación judicial a causa del recurso presentado por el Tribunal Superior. Durante su incapacitación pidió el indulto en numerosas ocasiones, al igual que su solicitud de reingreso a la carrera judicial tras cumplir condena, pero ambas fueron rechazadas por presentar una «auténtica compulsión homófoba», quedando sin oportunidad de continuar su trayectoria como juez.

Después de casi 15 años, cuando parecía que el sufrimiento había acabado, a pesar de no haber podido adoptar a la niña, el exmagistrado comenzó a difundir a través de medios digitales que tenía razón en cuestionar la idoneidad de las madres adoptantes ya que se había enterado de que se habían separado, y estas, sin ánimo de retomar la disputa, decidieron dejarlo pasar «por lo que habían sufrido anteriormente», afirma Ade Campillo. «Efectivamente se habían separado, como millones de parejas heterosexuales, pero eso es algo que no le resta un ápice de idoneidad».

«Ahora es distinto, se ha inventado que se han separado y que han abandonado a la niña en los Servicios Sociales, algo que como exjuez de familia sabe perfectamente que es imposible. Sin embargo, no dudó en publicar este bulo en su perfil de Facebook acompañado de una carta dirigida a la menor en la que le dice cosas como: «He hecho gestiones para averiguar tu paradero» y en la cual la insta a acudir a él cuando cumpla los dieciséis, como si estuviera con sus madres en contra de su voluntad» explica la presidenta de ASFAGALEM.

A raíz de su publicación, el bulo ha sido compartido en diferentes medios digitales y difundido en las redes sociales, algo que ha causado miles de respuestas homófobas de los usuarios opinando y enjuiciando a las madres, y causándoles daños psicológicos y miedo a que alguien actúe contra ellas o contra la menor.

ASFAGALEM denuncia: «El bulo está sirviendo para afianzar los prejuicios de la gente y difundir el odio hacia los homosexuales y las familias homoparentales», pero sin duda, «lo peor de todo es que se están difundiendo los nombres y la foto de las madres, y el nombre y la edad de la niña».

Ante la dificultad para parar el bulo las madres no descartan volver a demandar a Ferrín Calamita y a los medios que han contribuido a su difusión, por fomentar el odio hacia el colectivo LGTBI.

«Nos gustaría que la Consejería LGTBI se manifestase ya que es su deber defendernos ante estas injusticias», declara Nuria Montiel de ASFAGALEM. «No pedimos nada extraordinario, pedimos apoyo y actuación. No necesitamos una consejería que esté dentro del armario», concluye.