Los jueces y magistrados de la Región de Murcia suspendieron, por causa de fuerza mayor, más de 3.000 juicios durante los tres meses que duró el confinamiento debido al estado de alarma, derivado, a su vez, de la pandemia del coronavirus, según informan fuentes judiciales.
El número de señalamientos suspendidos durante el periodo de pandemia ha sido muy elevado pues prácticamente la totalidad de los señalamientos fueron aplazados en la totalidad de las jurisdicciones, a excepción de aquellos relativos a los procedimientos denominados esenciales, es decir, causas con preso, medidas cautelares o asuntos de fuerza mayor, actos judiciales que han seguido celebrándose precisamente al estar dentro de los servicios mínimos irrenunciables de la Administración de Justicia.
En este sentido. el problema principal es que esos más de 3.000 juicios y declaraciones, de los cuales la mitad son del partido judiciales de Murcia, no se han celebrado y tienen que celebrarse: hay que buscarles fecha, tarea en la que ya andan en los tribunales.
Cada juzgado deberá buscarle acomodo en su agenda de señalamientos y esas agendas reflejan, de hecho, los déficits estructurales que arrastraba este servicio público antes de que el coronavirus: prácticamente todos los órganos de las diversas jurisidicciones superaban el módulo de asuntos (carga de trabajo) aconsejada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algo de lo que advertía ya el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, a finales de julio, en la presentación de la Memoria del Año Judicial: los juzgados de la Región están a punto de colapsar ante el alud de asuntos pendientes.
Es decir, llueve sobre mojado de forma que a una Justicia regional ya al borde del colapso se une ahora una bolsa, una masa de juicios que deben celebrarse en algún momento de los próximos meses o años y, por tanto, van a sufrir un retraso considerable, con la consiguiente pérdida de calidad en la Justicia, porque ya conocen el viejo refrán jurídico: cuando la justicia llega tarde deja de haber justicia. Letrados consultados por esta redacción afirman que les han aplazado causas que llevaban entre manos hasta dentro de años. Es el caso del mediático juicio a los jóvenes de las vías, en Murcia: los hechos que se juzgan ocurrieron en 2017, pero la vista, tras no haber conformidad, comenzará en 2022.
A estos juicios aplazados hay que sumar todos los asuntos, miles de ellos, que no han entrado a los juzgados y que también se han retrasado. Más aún: a esos más de 3.000 juicios no celebrados y a los nuevos asuntos que van a entrar en el circuito judicial, que estaban preparados para hacerlo y no lo habían hecho entre marzo y junio, hay que sumar que muchos asuntos se dispararán por la crisis económica, una depresión, que, como ocurrió entre 2008 y 2013, hará crecer mucho según qué tipo de expedientes. Por ejemplo, sospechan los juristas que va a haber muchas más suspensiones de pagos y procedimientos mercantiles, desahucios o lanzamientos hipotecarios, reclamaciones de cantidad o modificaciones de medidas entre parejas separadas al sufrir uno de los cónyuges una merma en los ingresos; más procedimientos por despidos improcedentes y también se dispararán determinados tipos de delitos (en todas las crisis crecen los robos de diferente naturaleza penológica). Y eso acaba encima de la mesa de un juez que, habitualmente, está ya trabajando al doble de su capacidad, porque a la Región de Murcia le faltan 22 magistrados para estar en la media española de juez por 100.000 habitantes.
«Hay jurisdicciones, como civil, en la que un juez recibe el trabajo de 1,8 jueces», lamentan fuentes judiciales consultadas por este periódico.
Durante el estado de alarma se dictaron en la comunidad murciana 3.098 sentencias y 5.123 autos, un 40% menos de lo que se dicta normalmente. Aun así, los jueces han rendido, como media, a mas del 120%, en cuanto a productividad.
El Boletín Oficial del Estado publicaba el 29 de abril el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que establecía las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral para la vuelta a la actividad de los juzgados tras el confinamiento. Entonces quedó fijado que del 11 al 31 de agosto sería hábil, algo excepcional.
