El senador del PP por Murcia Juan María Vázquez ha dado a conocer este viernes las medidas presentadas por su partido para "preservar los derechos concesionales y acabar con la inseguridad jurídica que va a ocasionar el cambio de normativa propuesto por el Gobierno de España con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende aprobar en otoño y que pone en jaque el sector de la acuicultura en la Región de Murcia".

Vázquez ha pedido al Gobierno central que no ponga en riesgo las nuevas inversiones sobre el sector de la acuicultura porque ?la aprobación de la nueva propuesta de la ministra, Teresa Ribera, supondría un nuevo golpe a los intereses de la Región de Murcia, donde las empresas de acuicultura soportan un empleo directo e indirecto superior a las 2.500 personas con una facturación anual de unos 200 millones, con tendencia creciente?.

Así, ha defendido que "se deben hacer compatibles las acciones para mitigar el cambio climático con la sostenibilidad del sector creciente y próspero".

Sin embargo, medidas como las anunciadas solo significarían, a juicio del senador, un retroceso "poniendo en riesgo no solo su crecimiento sino el mantenimiento de los puestos de trabajo. El principal activo de las empresas de acuicultura son las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, donde desarrollan su actividad", ha incidido el senador Vázquez, tras conocer de primera mano la preocupación de la Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia.

Así, ha indicado que desde el Grupo Popular se han dirigido tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el cambio demográfico como al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para que modifiquen el artículo 18 del proyecto de ley.

El Ministerio responsable de las competencias en pesca no se puede "lavar las manos" ante medidas propuestas por otro Ministerio, ha dicho Vázquez, quien ha solicitado el informe preceptivo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca remitió al Consejo de Ministros cuando aprobó el proyecto y "del que esperamos que defendiera los intereses de los acuicultores".