A principios del mes de junio, aún con el estado de alarma vigente, un hombre era detenido en Los Alcázares tras escupir y toser en la cara a agentes de la Policía Local, a los que dijo que ojalá les pegase el coronavirus. Este hombre, tras pasar por el Juzgado de Guardia, quedó libre. Esta misma semana, dos policías acababan heridos tras una intervención en un macrobotellón en la playa de Levante de Cabo de Palos.

Recientemente, la Audiencia Provincial confirmaba una sentencia de un juzgado de Lo Penal de Murcia que condenaba a un hombre a pasar seis meses en prisión por amenazar a dos agentes, y lesionar a uno de ellos, que fueron a reducirlo cuando estaba montando escándalo en un salón de juegos recreativos, donde llegó a golpear las máquinas. La pena de cárcel, no obstante, fue sustituida por una multa.

El mismo tribunal confirmaba también la sentencia de otro juzgado de Lo Penal de la misma ciudad que condenaba a un sujeto por lesionar, a puñetazos, a dos agentes de la Policía Local y otros dos de la Benemérita que acudieron al aviso de un conductor de autobús, que alertó de que el individuo estaba molestando de forma grave a otros pasajeros y por eso paró en Bullas. La pena por atentado, nueve meses de prisión, más otros cinco meses por cada uno de los dos delitos de lesiones más graves. Por los dos lesiones leves de lesiones, una multa de 90 euros. Son solo algunos ejemplos de lo que policías de la Región denuncian: que agredirles a ellos sale muy barato.

El delegado de Formación del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en la Región de Murcia, José Ignacio Marín, considera que a veces hay «falta de conocimiento de la realidad policial por parte de los jueces», los cuales «no llegan a entender» cuáles son las circunstancias en los que los agentes llevan a cabo su trabajo.

Por ejemplo, si se da el caso de que hay «una pareja de policías contra un sujeto agresivo», los agentes se pueden ver obligados a hacer uso también de la fuerza. «Las lesiones o los daños sufridos por un ciudadano nunca son consecuencia del deseo voluntario de un policía por hacer daño: las circunstancias y el uso de la fuerza por parte de otra persona te hacen llegar al extremo de la fuerza elevada», indica Marín.

«Con una persona que no solo tiene que ser detenida, sino que, además, busca tu lesión, el uso de la fuerza tiene que ser mayor», destaca el agente.

Para la persona que ataca a un policía, la mayor parte de las veces se ve, en el juzgado, con «sentencias relativamente cómodas o asequibles, porque también muchos alegan falta de recursos económicos», con lo cual ni abonan las multas que les ponen. Coinciden distintos policías de la Región consultados por este diario en que «la sensación de impunidad» hace fuertes a sus agresores. De ahí que haya más ataques.

«Al final, son circunstancias en las que tú crees que has puesto en peligro tu vida o has sufrido algún tipo de lesión y en la parte acusada, la que de verdad te hace daño, no reside el castigo justo; a lo mejor sí legal, pero no justo en cuanto a lo que supone para ti como policía», hace hincapié el delegado del SPPLB.

A esto se une que faltan medios y falta gente. En el botellón de Cabo de Palos de esta semana, había cuatro agentes para setenta adolescentes. «Solicitamos una mejor planificación que permita un aumento de las plantillas, favoreciendo las intervenciones policiales y reduciendo el riesgo de daños y lesiones, además de una mejora de la formación», dice José Ignacio Marín.