Una decena de grandes ciudades españolas de distinto signo político unieron ayer sus voces para exigir «a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Ministerio de Hacienda la rectificación de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad.
En el acuerdo aprobado entre la FEMP y Hacienda se ofrecía a los consistorios una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) a cambio de usar sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.
La oposición de los alcaldes, en la que se incluye el alcalde de Murcia, José Ballesta, se firmó ayer tras la reunión telemática que mantuvieron los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Zaragoza (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), además del propio regidor popular murciano. Además, el alcalde de Valencia también se adhirió a este pacto más tarde. Este documento se remitirá a los alcaldes de las capitales de provincia y a los de ciudades de más de 100.000 habitantes, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En la declaración se expone que se deje a los ayuntamientos disponer íntegramente de sus ahorros: «Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno de España, queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes, puedan gastarlo en turismo, en los autónomos, en otro tipo de cuestiones que no están incluidas dentro del decreto; la flexibilización de la regla de gasto de 2021, una serie de aportaciones que han hecho los alcaldes en la reunión telemática que se van a incorporar al documento con el que veníamos trabajando».
Una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), mostraron durante el día de ayer ya su disposición a rechazar el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP y que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
Partidos de distinto signo político como Partido Popular, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, y la CUP que suman los casi 190 escaños, anunciaron su voto en contra.
En el caso de ERC y Junts, que suman 21 diputados y apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, también se posicionaron en contra del acuerdo y arremetieron contra el Ejecutivo central porque consideran que este documento de Hacienda va contra «el municipalismo».
También desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se mostraron muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir incluso que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista.
