Puerto Mayor S. A. tiene dos meses para desmantelar la obra del puerto deportivo que comenzó a construir en La Manga. El Consejo de Gobierno celebrado ayer en Murcia aprobó declarar la caducidad de la concesión a esta empresa para la construcción y explotación de un puerto deportivo en La Manga, en el término municipal de San Javier, y exige la retirada total de las instalaciones a su cargo en el plazo de dos meses computados a partir del día siguiente de la notificación. La prescripción de la concesión administrativa concedida en 1975 a Tomás Maestre está argumentada en la «no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente», según el Ejecutivo regional.

Fomento recuerda que «la caducidad de la concesión de Puerto Mayor tiene como fin liberar la zona de los condicionantes derivados de un proyecto planteado para otros tiempos y otros modelos de desarrollo y turísticos que han demostrado estar obsoletos. Merece la pena aprovechar un entorno como ese para mejores usos que habrá que estudiar con detenimiento en su momento».

El acuerdo del Ejecutivo regional establece, asimismo, «la obligación» de retirar, en el plazo de dos meses, las tablestacas clavadas en el fondo del mar, unas planchas de acero utilizadas para la construcción de los pantalanes, que fueron instaladas sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y sin presentar ningún proyecto. La resolución del Consejo de Gobierno también determina que la empresa «no tiene derecho a indemnización alguna».

Tres décadas de litigios

La decisión del Ejecutivo que resolvía definitivamente la caducidad de Puerto Mayor fue adoptada el pasado 24 de octubre, pero el plazo no empezó a contar hasta varias semanas después. La empresa recurrió, un movimiento previsible teniendo en cuenta que la sociedad lleva más de treinta años de litigios contra la Comunidad Autónoma. Así, Puerto Mayor interpuso un recurso y trató de hacer valer una decisión preconstitucional, con la que incluso pretendía ganar terrenos al mar para edificar viviendas.

La Comunidad decidió repetir el proceso tras la presentación de este recurso ante las discrepancias en la interpretación de algún punto. Finalmente, los Servicios Jurídicos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras han desestimado la reclamación al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a caducidad: «La no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente».

Durante los últimos tres lustros lo único que ha habido en este entorno es un estercolero y una valla metálica que rodea el recinto.