El juzgado que investiga la actuación del expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel en la desaladora de Escombreras ha rechazado la petición de la acusación popular, que había solicitado una fianza de 900 millones de euros al exjefe del Ejecutivo regional. La petición no ha sido respaldada por el fiscal ni tampoco por el letrado de la Comunidad, que sí han exigido responsabilidades civiles en la otra causa abierta contra los imputados en los contratos de la desaladora, entre los cuales se encuentra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Ana Isabel Navarro, ha citado como testigos para el mes de septiembre a Cerdá y a la exconsejera Inmaculada García para conocer los reparos que la antigua responsable del Departamento de Hacienda puso al documento en el que el Ente Público del Agua respaldaba el crédito bancario obtenido por la empresa del grupo ACS Hydro Management para construir la planta en Escombreras.

La magistrada ha desestimado la petición de la acusación popular, ejercida por el abogado Diego de Ramón, que solicita una fianza de 900 millones de euros, después de conocer la opinión de la Fiscalía y del letrado de la Comunidad, que ejercen como denunciantes en la pieza separada del caso desaladora centrada exclusivamente en la actuación de Valcárcel.

Aunque la Administración regional ha reclamado indemnizaciones que suman casi 205 millones de euros a los acusados en la causa principal abierta hace varios años por el Juzgado de Instrucción Número 5, en el caso de las diligencias contra Valcárcel rechaza la posibilidad de pedir responsabilidades civiles en este momento, cuando todavía se encuentra en fase de instrucción.

El letrado de la Administración regional se adhiere a la Fiscalía, que tampoco considera oportuno exigir una fianza al expresidente en ese momento. Destaca igualmente que el Ministerio Público también «se ha opuesto a la petición de la acusación popular de prisión provisional» y a la búsqueda del patrimonio que Valcárcel pudiera tener «oculto», porque «se carece de la más mínima prueba e indicio que justifique dicha hipótesis».

Esta posición contrasta con las pretensiones expuestas en la causa principal, en la que la Comunidad reclama 205 millones por el perjuicio económico que ha causado la planta alquilada por el desaparecido Ente Público del Agua a las compañías del grupo ACS que intervinieron en su construcción y en la explotación. De acuerdo con la petición del letrado de la Administración regional, esta cantidad incluye las aportaciones presupuestarias hechas al Ente Público del Agua (EPA) y a la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región (ESAMUR), que suman casi 120 millones. Le siguen los 74,1 millones en que se calculan los perjuicios futuros del contrato de arrendamiento de la planta.

También en la causa principal el letrado de la Comunidad se adhiere a la Fiscalía, que aprecia los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido 900 millones a los exaltos cargos, directivos de ACS y accionistas imputados, «600 por el perjuicio causado al erario público, más el tercio que prevé el artículo 589 de la Ley Procesal».x