La Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia está investigando por presunto delito medioambiental a la Consejería de Medio Ambiente por su presunta inacción en los trabajos de restauración y sellado del vertedero situado entre el municipio de Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Tanto el gobierno autonómico de la Región de Murcia como el de la Comunidad Valenciana son responsables del mantenimiento del basurero de Proambiente, que perteneció a la familia del polémico empresario oriolano Ángel Fenoll, desde su clausura en 2015. La fiscal actúa tras recibirse en los juzgados de Cieza las denuncias tanto del Seprona de la Guardia Civil como de la plataforma ecologista Vertivega contra la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia por los malos olores y el vertido de lixiviados tóxicos que llegan también a la Vega Baja.
El Seprona visitó las instalaciones el pasado 29 de diciembre tras la aparición de lixiviados brotando de nuevo en las instalaciones del antiguo vertedero ilegal de Proambiente, coincidiendo con la paralización de los trabajos de restauración que estaba llevando a cabo la Región de Murcia. Los agentes, según consta en el atestado, comprobaron que el sistema de bombeo de una arqueta no funcionaba por lo que en lugar de ir esos líquidos tóxicos a la balsa de acumulación, se estaban derramando hacia el cauce natural de un barranco.
La Confederación Hidrográfica del Segura también tomó muestras de ese líquido contaminante. La Guardia Civil remitió a la Comisaría de Aguas de la CHS las diligencias por «una mala gestión de los lixiviados», señalando a la Dirección General del Medio Ambiente del gobierno murciano.
La denuncia se ha adjuntado a la que Vertivega interpuso el pasado mes de junio contra la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. En la misma, la plataforma ecologista hace constar que desde hace dos años tanto la Comunidad de Murcia como el Ayuntamiento de Abanilla han dejado «en estado de abandono» el vertedero sin aplicar su sellado y clausura, ni la gestión de los lixiviados.
Hundimientos
La DANA de septiembre del año pasado provocó graves destrozos en las instalaciones de recogida de lixiviados inutilizando los pozos de captación. Además, los ecologistas denuncian que en los vasos 1 y 2, en su punto más alto, hay hundimientos y se están escapando los gases al no estar bien sellado. Además, la balsa se recogida de lixiviados de 50.000 metros cúbicos está a punto de colmatarse, denuncia Vertivega, «y no se está haciendo nada para eliminarla», a pesar de los 350.000 euros que el gobierno murciano ha destinado para gestionar los líquidos tóxicos.
En la denuncia de Vertivega a la Guardia Civil constata que lo que iba a ser el vaso 5 también se encuentra con miles de metros cúbicos de agua contaminada que está fluyendo un kilómetro abajo del vertedero dañando viales, casas y provocando la muerte de los árboles de las fincas agrícolas.
El Juzgado de Instrucción 4 de Cieza decidió acumular estas denuncias y las diligencias previas al proceso judicial que mantiene contra los anteriores gestores del vertedero, algo que la fiscal de Medio Ambiente ha pedido que se sigan en un proceso aparte ya que en esta ocasión las denuncias del Seprona y Vertivega son por hechos en los que la responsabilidad es de la Consejería de Medio Ambiente -responsable del vertedero tras su cierre-, como hace constar la Fiscalía, que en su escrito señala que «nos llevaría a otros tipos penales y otros responsables». Ahora se está a la espera de que el Decanato señale el juzgado de Cieza que llevará el proceso judicial por un presunto delito contra el medio ambiente por parte del gobierno regional.
El gobierno murciano ha presupuestado en 2020 1,4 millones de euros para labores de restauración e impermeabilización, aunque según los ecologistas «no se está acometiendo ni el 1%». La falta de restauración del vertedero en los terrenos adscritos a Abanilla (que supone un 72% del total de la instalación) ha provocado la pérdida de lixiviados. Todo aparte de la inversión de las dos administraciones autonómicas en los próximos 30 años para el mantenimiento postclausura del vertedero. Las obras las realiza conjuntamente con la Generalitat Valenciana que se ocupa de la parte que pertenece a Orihuela y que sí parece que está cumpliendo con su parte, como en el vaso B, a falta de la revegetación de la zona.
