04 de agosto de 2020
04.08.2020
La Opinión de Murcia
COMUNIDAD

El Tribunal de Recursos Contractuales anula una cláusula del concurso de La 7

Da la razón a TCERO y levanta la suspensión del proceso para adjudicar el contrato de la televisión regional

04.08.2020 | 14:22
Juan Francisco Zambudio, presidente de TCERO.

El concurso de la televisión autonómica ha quedado desbloqueado. El Tribunal Central de Recursos Contractuales, al que había acudido TCERO Estudios por discrepancias con uno de los puntos del pliego de condiciones por el que se rige el proceso de licitación de La 7, ha eliminado las cláusulas impugnadas por el grupo murciano y ha levantado la suspensión del concurso convocado por la Consejería de Presidencia y Hacienda, paralizado desde hace más de un mes.

La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales permitirá continuar el proceso de licitación, que está suspendido por orden de este órgano de carácter administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda desde el momento en que se cerró el plazo de presentación de ofertas, el pasado 2 de julio.

TCERO, que es una de las cinco empresas que aspiran a la nueva concesión de La 7, también ha llevado a los tribunales de Justicia el contrato provisional que la Comunidad Autónoma hizo a Secuoya con carácter urgente para evitar que el canal autonómico tuviera que dejar de emitir el 30 de abril, dado que se convocó el nuevo concurso cuando faltaban apenas seis semanas para que expirara la última prórroga y no daba tiempo de resolverlo. Este recurso ha sido admitido a trámite por el TSJ.

Ambas empresas mantienen una dura pugna por la nueva concesión de la televisión autonómica para los próximos cinco años por un importe de 77,5 millones.

Antes de acudir al Tribunal de Recursos Contractuales para pedir que aclarara cómo se iban a puntuar en el concurso las cláusulas relativas a la subida de sueldos de la plantilla de la televisión autonómica, Audiovisuales TCERO había dirigido varias consultas a la Consejería de Presidencia y Hacienda.

Sin embargo, la compañía que preside Juan Francisco Zambudio consideró que Hacienda no había atendido debidamente su consulta sobre la forma de valorar las propuestas salariales de los postores recogidas en el pliego de condiciones y decidió recurrir al Tribunal de Recursos Contractuales para que resolviera sus discrepancias.

Este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda le ha dado la razón y ha anulado la cláusula que habían originado la polémica, por lo que ya no puntuará en el concurso.

El Tribunal considera que la introducción de la cuestión salarial supone un encarecimiento de los costes del contrato, sin introducir mejoras en la prestación del servicio público, y va en detrimento de la libertad de empresa.

Una vez levantada la suspensión, la mesa de contratación constituida por la Consejería de Hacienda podrá continuar el proceso de licitación e iniciar el análisis de las cinco ofertas presentadas por las empresas que se han optado al contrato para gestionar la televisión autonómica hasta 2025.

Además de Secuoya, actual concesionaria de la televisión regional, que opta a través de la empresa CBM Servicios Audiovisuales, y de la murciana TCERO, se han presentado Promecal Audiovisuales, que gestiona distintos periódicos y cadenas de televisión, entre ellas la televisión autonómica de Castilla y León; Now Audiovisual, empresa perteneciente al grupo Henneo, que gestiona periódicos como el Heraldo de Aragón o el 20 minutos; y una unión temporal de empresas entre las que se encuentra la compañía audiovisual vasca Bainet, también NRD, Eurocomunicación e Intercom.

Tras conocer el fallo del Tribunal de Recursos Contractuales, la sociedad murciana Audiovisuales TCERO ha hecho público un comunicado en el que "celebra que se puedan reanudar los plazos para la adjudicación del contrato de la televisión autonómica y reitera su voluntad de seguir trabajando en defensa del sector audiovisual dentro del marco legal vigente".

Destaca igualmente que en la resolución se reconoce que "la cláusula recurrida atenta también contra el principio capital de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y de la selección en función de la mejor relación calidad-precio establecido en la Ley de Contratos del Sector Público".

Precisa que, pese a haber impugnado el apartado relativo a la revisión salarial de la plantilla del canal autonómico, su oferta "contempla un amplio abanico de medidas para mejorar las condiciones económicas, laborales y sociales de los trabajadores directos de 7TV, así como de las productoras externas, en caso de que esta empresa resultara adjudicataria del contrato".

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