20, 25, 30 euros como máximo, pero nunca más de esa cifra. El jornal, el salario que recibe en un día un trabajador del campo que se encuentra en situación irregular en España, es sinónimo de las pésimas condiciones laborales que se dan en una parte importante del campo murciano. Incumplimientos del convenio, salarios recortados, tratos vejatorios, ausencia de seguridad, inaccesibilidad a un contrato de trabajo tipo fijo-discontinuo para poder regularizar la situación de un extranjero 'sin papeles' en España... Esclavitud total, pura y dura.

Las condiciones de trabajo en el sector agrícola de la Región para muchos jornaleros inmigrantes es de «vulnerabilidad». Las numerosas situaciones denunciadas por colectivos que apoyan y representan a estos trabajadores, así como sindicatos, dibujan una actividad laboral lejos de la imagen que hasta no hace muchos días defendían desde el Gobierno regional y la patronal agraria tras las intenciones del Ministerio de Trabajo de reforzar las inspecciones en el campo para constatar casos de esclavitud.

No es nueva esta situación, pero en el último año colectivos como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) o la Federación Asociaciones Africanas en Murcia han comprobado un mayor incumplimiento de los convenios colectivos en el campo de la Región y un recorte importante en las condiciones laborales. La razón la achacan a la mayor presión de los empresarios ante un aumento de la demanda de exportación de productos agrícolas murcianos al extranjero.

«No interesa cambiar este escenario en el que trabajan tanto personas con permiso de trabajo o irregulares, a los empresarios les interesa lograr producciones a buen precio para ser competitivos en el mercado europeo», subraya Mady Cisse Ba, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia.

Las condiciones de trabajo de estas personas vuelven a tener los focos encima tras el fallecimiento de un jornalero nicaragüense de 42 años que murió por un golpe de calor el pasado sábado y que trabajaba sin estar dado de alta en la Seguridad Social. En un sector donde la mano de obra extranjera es mayoritaria (en mayo del año pasado, cuando más contratos se realizaron en el campo, 50.000 personas extranjeras trabajaron en la actividad agrícola en la Región), el gran problema al que se enfrentan es a la oferta que les plantean desde las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o empresarios y trabajadores del campo que actúan como subcontratas para dueños de fincas.

Las ETT, que actúan como intermediarios entre los empresarios y los trabajadores, sumaron en la Región entre enero y mayo de este año 232.825 contratos en el total de la actividad laboral en todos los sectores profesionales, incluida la actividad agrícola, la cifra más alta por encima de Cataluña o Andalucía, y una cesión de 117.005 trabajadores, de nuevo el dato más alto entre las autonomías solo superado por Cataluña, según datos del Ministerio de Trabajo.

«Esto refleja un caos en la organización laboral. La rentabilidad de contar con una ETT para el empresario o dueño de una finca es importante, pero la mayor parte de estos intermediarios obligan a trabajar en condiciones muy difíciles a los jornaleros, con salarios de miseria si apuestan antes por los 'sin papeles', con el cobro por servicios como el transporte a las fincas o recortes del jornal por descansos o suministros», explica El Mostafa Es Sabir, representante del sector agroalimentario de Comisiones Obreras en la Región.

Desde el sindicato apuntan que en lugares como los almacenes o instalaciones de manipulado de productos la empresa aplica el 70 u 80% del convenio del sector, pero «luego en el campo no refleja esas condiciones, aunque sean las fincas propiedad de la compañía». CC OO calcula que en la Región hay entre 5.000 y 7.000 inmigrantes irregulares trabajando en el sector agrícola, dependiendo de las campañas. «La falta de control en la Región a las ETT favorece» la instalación de estos intermediarios en la comunidad. Aquí hay más de 40 empresas de este tipo, más que en Andalucía. «Algunas ETT sí han logrado adaptarse bien y aplican los derechos de los trabajadores, pero la mayoría no. Les interesa llevar a una finca una cantidad enorme de trabajadores, pagar a destajo (por cajas recogidas), presionar y acabar rápido para lograr más rentabilidad», detallan Sabah Yacoubi y Yahya Zarhouni, de ATIM.

Esta asociación ha detectado en el último años casos graves de acoso sexual a trabajadoras 'sin papeles' que no se atreven a denunciar por miedo a perder el empleo. «Un caso grave que intervenimos fue el de una empresa de Murcia cuyos encargados llamaban 'puta' a las trabajadoras y les negaban el acceso al baño», concluye. Piden por ello reforzar las inspecciones de trabajo en las explotaciones para destapar estos casos.