Los alcaldes de la Región podrán decidir a partir de ahora si se acogen a la oferta del Ministerio de Hacienda, que ofrece una aportación de 5.000 millones a fondo perdido en dos años a cambio de que los consistorios cedan el súperavit de 2019 para recuperarlo en un plazo de 10 años, a partir de 2022, con una ganancia adicional del 35%. La propuesta del departamento de María Jesús Montero fue aprobada este lunes por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una votación que quedó en empate, roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. El PP había mostrado su rechazo a la propuesta al considerar un agravio para los municipios sin superávit, dado que no pueden beneficiarse de este fondo.

Los municipios murcianos suman unos 80 millones de superávit, según las estimaciones de la Federación de Municipios de la Región.

La propuesta de Hacienda, cuya votación quedó aplazada el pasado viernes por falta de acuerdo, no logró el consenso que es habitual en la FEMP. La Junta de Gobierno había logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.

El reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente. Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat, mientras que IU-Podemos ha optado por la abstención al entender que se habían introducido mejoras en el texto y esperaban seguir avanzando en la tramitación parlamentaria.

El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Gobierno una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora «una resolución política» de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de «un seguimiento detallado» en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de fondos europeos.

El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene y establece la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022. Los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria. También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Recoge, además, mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.