Al menos cuatro de las personas que llegaron hoy en patera a las costas de la Región tienen coronavirus, informan desde la Consejería de Salud. El control de este virus, que es una epidemia mundial, obliga a la puesta en marcha de un protocolo que hace que los inmigrantes permanezcan en el puerto hasta que se aísle a quienes compartían embarcación con los contagiados. Los portadores del covid son enviados al hospital.

Hasta tres barcazas han llegado al litoral murciano en las últimas horas, confirma la Delegación del Gobierno. La primera, una patera con 11 migrantes, de origen argelino, que fue interceptada sobre las ocho de la tarde de ayer; luego, otra con ocho personas más, interceptada sobre las diez de la noche al sur del Monte de las Cenizas. Entre los ocho viajeros, dos menores de edad y dos mujeres. Asimismo, otra patera era interceptada al sur de Cabo de Palos, pasadas las diez de la noche, con siete inmigrantes más, todos varones y de origen argelino. Todos ellos son llevados a Escombreras, en Cartagena, donde se les da una primera atención por parte de miembros de Cruz Roja y, posteriormente, se les hace la PCR.

«Se siguen haciendo pruebas» por parte del Servicio Epidemiología, indicaban desde la Consejería de Salud.

Un joven que permanece en cuarentena en Cabezo Beaza. Iván Urquízar

No solo a la Región: también han llegado pateras a la vecina provincia de Almería. En concreto, a San Juan de los Terreros, localidad perteneciente al municipio de Pulpí.

Una de las claves de la oleada de pateras es el buen tiempo en alta mar: se espera poco oleaje, algo con lo que, subrayan las fuentes policiales, cuentan las mafias a la hora de que las embarcaciones zarpen. Serían centenares de personas las que estarían preparándose para el viaje.

Cruce de acusaciones

La nueva ola acarreaba, una vez más, un cruce de acusaciones entre los políticos. La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, responsabilizaba al delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, de la situación, y lo llamaba «irresponsable», dado que «sigue afirmando que está todo previsto mientras siguen habiendo fugas y llegando nuevas pateras».

Además, reveló que «el permiso que otorgó el puerto para acogerlos en Escombreras finalizó ayer (por el viernes)», por lo que pregunta a Vélez «qué van a hacer a partir de ahora» y «a dónde van a llevar» a quienes arriben. Asimismo, Arroyo responsabilizó a la Delegación de la fuga de 50 personas del Cabezo Beaza.

El delegado contestaba luego que, «si el Ayuntamiento de Cartagena no está ahora de acuerdo con el lugar que ellos mismos ofrecieron a la Consejería de Salud», lo que pueden hacer es ofrecer «otras infraestructuras para que el Gobierno regional pueda custodiar a los migrantes en cuarentena», como marca el protocolo desde hace una semana.

«Hemos puesto a disposición de la Consejería de Salud a todos los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, así como la colaboración del Ministerio de Migraciones», manifestó Vélez, al tiempo que insistió, a quienes critican las condiciones del Cabezo Beaza, que «si consideran que el lugar no es el adecuado para la cuarentena, que ofrezcan otros recursos».

La Consejería de Salud del Ejecutivo regional es el organismo competente para ocuparse de estas personas, según establecía el Ministerio de Migraciones en un protocolo dictado hace apenas unos días, tras la llegada de más de 400 personas en patera a las costas de la Región.

Fuga en Cabezo Beaza

Cerca de 60 personas que guardaban cuarentena en el pabellón Cabezo Beaza de Cartagena por haber estado en contacto con positivos de coronavirus forzaron de madrugaba una puerta trasera y se marcharon del lujo, informan fuentes cercanas. La Guardia Civil tardaba pocas horas en localizar a siete de estas personas, en la misma madrugada, y es el Cuerpo que coordina el dispositivo de búsqueda.

Horas después, a lo largo de esta mañana, se localizaba a otros ocho, por lo que ya son quince los que han sido localizados por los agentes.

Las mismas fuentes explicaron que los inmigrantes que ahora se han fugado serían los mismos que ya lo hicieron cuando estaban custodiados en el puerto. Las condiciones de miedo e incertidumbre al llegar, así como la dificultad con el idioma, dan lugar a escenas de nerviosismo y, en ocasiones, acaban en estampida y fuga.

Mensajes de odio

Organizaciones humanitarias de la Región han pedido a la Fiscalía que investigue si la actuación de vecinos de Los Nietos, que despidieron al grito de «perros maricones» a inmigrantes acogidos en el pueblo, es constitutiva de un delito de odio. El delito de odio está castigado en el Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a doce meses.

En concreto, las organizaciones que han puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público son la Asociación de Mujeres Kasofor; Asociación de Empleadas del Hogar de Murcia; Asociación Ivoirien de Murcia; Afromurcia; Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (FAAM); Onda de Murcia; Yospora y Convivir Sin Racismo.

Según explicaron en un comunicado de prensa, «ciertos mensajes discriminatorios hacia colectivos particularmente vulnerables durante esta pandemia, son susceptibles de constituir un delito de incitación al odio que puede deparar importantes consecuencias penales».