Los ayuntamientos de la Región se juegan 80 millones de superávit en la reunión que la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) celebrará este lunes para votar la propuesta del Ministerio de Hacienda, que les ofrece 5.000 millones entre 2020 y 2021, a cambio de que los consistorios cedan sus remanentes al Gobierno para que se los devuelva en diez años. La oferta ha abierto una brecha entre los alcaldes del PSOE y el resto de partidos, que prefieren disponer ya de sus ahorros para poder destinarlos a hacer frente a los gastos de la pandemia. En toda España los ahorros obtenidos por los ayuntamientos suman unos 14.000 millones de euros.
La decisión debía haberse tomado este viernes, pero el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, aplazó la votación porque no contaba con la mayoría necesaria para que la propuesta del Gobierno saliera adelante.
Abel Caballero, alcalde de Vigo, optó por aplazar la votación después de que el Ministerio de Hacienda presentara una nueva propuesta para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. Según informó la Federación de Municipios, el Departamento de María Jesús Montero ha añadido una aportación de 5.000 millones de euros a fondo perdido para los gobiernos locales que entreguen sus remanentes.
Según explicó Caballero, la fórmula consiste en que «se entrega una cantidad de remanentes, que se devolverían en su totalidad en 10 años y que podrían ser utilizados sin incurrir en déficit; y de forma inmediata se recibirían esos 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021. Ello supone que aportamos una cantidad y recibimos, al menos, el 135% de la cantidad que aportemos», precisó el presidente de la FEMP.
En la Región el importe del superávit acumulado por los ayuntamientos alcanza unos 80 millones de euros.
Este nuevo fondo sería exclusivamente para los ayuntamientos que pongan el remanente a disposición del Gobierno, según informaron fuentes de la junta de portavoces de la agrupación que preside Abel Caballero.
Tampoco comparten la propuesta del Gobierno el PP, IU, Cs y JxCat. Ante la falta de mayoría la Junta de Gobierno decidió aplazar la decisión a este lunes.
En esta situación, los grupos han decidido esperar para estudiar detenidamente la nueva propuesta, si bien algunas formaciones como el PP aseguran que según lo conocido, supondría «un agravio» entre los ayuntamientos que tienen ahorros y los que no tienen superávit.
La Federación de Municipios de la Región, que preside la socialista María Dolores Muñoz, aguarda el acuerdo que pueda adoptarse el lunes en Madrid sin pronunciarse. Esta entidad ha mantenido tradicionalmente el consenso ante las decisiones que afectaban a los consistorios, pero el tradicional entendimiento empezó a romperse hace varios meses, cuando el Gobierno regional aprobó el decreto que trasladaba a los ayuntamientos competencias medioambientales que no estaban en condiciones de asumir. Finalmente, se ha reconducido el desencuentro con un acuerdo con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Aunque la Federación ha guardado silencio, los socialistas murcianos no se oponen a la propuesta de María Jesús Montero. Además, recuerdan que los ayuntamientos apenas han podido gastar hasta ahora los ahorros que tenían, porque se lo impiden las reglas establecidas en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.
El PSOE tiene a un alcalde de la Región, el regidor de Lorquí, Joaquín Hernández, en la dirección de la FEMP.
Los alcaldes del PP no quieren ser "el cajero de Sánchez"
Los alcaldes murcianos del PP se han pronunciado en contra de la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda a la Federación de Municipios que les obligaría a aplazar la disposición del superávit presupuestario. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «rectifique y abandone su pretensión de confiscar los ahorros de los ayuntamientos». Avanzó igualmente que los regidores populares van a mantener «la misma posición: la de la defensa a ultranza de la autonomía local y, en consecuencia, la de evitar que los ayuntamientos nos convirtamos en el cajero automático del manirroto y despilfarrador Gobierno de Pedro Sánchez». Buendía define la propuesta como «un atentado a la economía local» y como «un chantaje inaceptable que podría vulnerar los artículos 137 y 140 de la Constitución Española».
