Los juzgados murcianos resolvieron en 2019 un total de 188.500 asuntos, un 1,4 por ciento más que el año anterior, si bien quedaron en trámite por falta de medios casi 116.000, lo que representa un incremento interanual del 13,9 por ciento, según la Memoria del Año Judicial presentada esta semana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, al Gobierno regional, Delegación del Gobierno y Asamblea.
Del Riquelme, que se entrevistó ayer con el presidente del legislativo, Alberto Castillo, en esa ronda de presentación del informe judicial, dijo en declaraciones a los periodistas que «un año más» se pone en evidencia la «incapacidad del sistema judicial español para absorber el volumen anual de entrada de asuntos», si bien ese hándicap es más importante en Murcia que en otras regiones.
«Año tras año, ya sea en etapas de contracción o de expansión económica, la demanda de respuesta judicial a los conflictos se comporta con una insaciable voracidad, aumentando el retardo en la respuesta judicial. Y ello a pesar del enorme esfuerzo desarrollado por unas plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral a todas luces insuficientes», a los que Miguel Pasqual del Riquelme quiso hacer un reconocimiento muy especial en estos momentos.
Para evidenciar esta insuficiencia, el presidente del TSJ hacía referencia a tres indicadores básicos: el número de jueces por habitante, el tiempo de respuesta de los juzgados y tribunales y la tasa de litigiosidad.
En cuanto al número de jueces por habitante, informó de que Murcia tiene 10,7 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de España es de 11,9; sobre el tiempo de respuesta de los asuntos civiles la memoria arroja una cifra de 10,1 meses, la más alta del país (7,4 meses) y, en cuanto a la tasa de litigiosidad, en el conjunto del país fue de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes y Murcia es una de las comunidades con mayor tasa.
Pasqual del Riquelme apuntó que «cualquier análisis que se haga a partir de los datos de 2019 estaría abocado al doble error de diagnóstico y pronóstico ante la inesperada contingencia que ha supuesto la crisis sanitaria».
Cree el presidente que «el sistema de Justicia se va a enfrentar a un reto de proporciones extraordinarias como consecuencia del previsible masivo incremento de la litigiosidad que se derivará de una crisis económica de proporciones no menos imponentes (con previsiones que llegan al 12% del PIB)». Una crisis cuyos efectos, subraya, «no se van a espaciar en un más o menos largo período de tiempo, sino a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses».
Según él, existe una amenaza de que se desborden las capacidades de respuesta de la Justicia, algo que lastraría «la paz».
Reclama 20 nuevas unidades judiciales y las dos ya en marcha
El presidente del TSJ reclama 20 nuevas unidades judiciales, a las que se unen las dos que está previsto entren en funcionamiento en los próximos meses en Murcia y Molina de Segura, y considera prioritarias la creación de una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cartagena, un nuevo juzgado de instrucción en la misma ciudad y el tercer juzgado de lo mercantil allí también.
En Lorca se reclama un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción que permita la separación de las jurisdicciones civil y penal, y en Murcia ciudad dos juzgados de primera instancia.
Hizo especial hincapié en la urgencia de contar con nuevas sedes judiciales en Cartagena, Lorca y Molina de Segura. «Su construcción es condición necesaria, aunque no suficiente, para contar con un buen servicio público de Justicia en esos partidos judiciales», subrayó, y así .se lo hizo saber hace unos días al secretario de Estado de Justicia, que visitó la Región.
