La presidenta de la Federación de Municipios de la Región (FMRM), María Dolores Muñoz, anunció ayer un acuerdo con la Consejería de Agua y Medio Ambiente, que «evita que los consistorios de menos de 50.000 habitantes estén obligados a tener funciones de un órgano ambiental», en contra de lo que contemplaba inicialmente la reforma de la Ley de Protección Ambiental incluida por el Gobierno en un decreto de mitigación del impacto de la pandemia.
El proyecto de ley pretendía trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos proyectos industriales y urbanísticos, pero tras la negociación «dependerá de la decisión política del alcalde de cada ayuntamiento, así como de su capacidad técnica y económica», según anunció Muñoz. La presidenta de la FMRM añadió que el acuerdo evita que «la ciudadanía se vea perjudicada».
