La reforma de la Ley de Protección Ambiental introducida por el Gobierno regional en uno de los decretos de medidas destinadas a mitigar los efectos del coronavirus ha sido aprobada hoy en el pleno de la Asamblea Regional con el voto en contra del PSOE y Podemos.
El proyecto de ley que pretendía trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos proyectos industriales y urbanísticos ha sido negociado por los grupos parlamentarios y ha tenido que limitar el traslado de estas competencias solo a los municipios con más de 50.000 habitantes, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local.
Los municipios de entre 20.000 y 50.000 podrán incorporarlas de forma voluntaria si tienen los medios necesarios.
En los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la competencia la seguirá ejerciendo la Comunidad Autónoma.
La ley ha obtenido 26 votos a favor, del PP, Cs, Vox y los parlamentarios expulsados de este partido de ultraderecha, y 17 en contra del PSOE y Podemos.
Estos últimos partidos han advertido de que la ley que surge del decreto del Gobierno permitirá a las empresas aumentar la contaminación y los vertidos que generan, dado que reduce los trámites y les da facilidades para ampliar sus emisiones a costa del medio ambiente.
El PP ha defendido que la el texto refuerza los controles ambientales, aunque impide que las solicitudes de las empresas se dilaten en el tiempo.
Cs ha reprochado al PSOE su voto en contra después de la larga negociación mantenida para reformar el texto inicial del decreto, que ha incorporado 34 enmiendas consensuadas.
La ley había sido rechazada también por los grupos ecologistas.
