La semana pasada se conoció la decisión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de rebajar de 38 a 27 hectómetros cúbicos el volumen de los trasvases en el nivel 2. Por su parte, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) contestó con un informe al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera en el que le reclamaba que aplace al menos hasta el año 2022 la aplicación de los recortes contemplados en el documento.

Ayer, se produjo una reunión de la Junta de Gobierno del SCRATS en la que se tomó la decisión de recurrir la decisión de recortar el trasvase si la medida de la Comisión Central de Explotación del Acueducto acaba siendo definitiva.

«Si la decisión se trasforma en firme, desde luego que recurriremos», sentencia el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, en declaraciones a LA OPINIÓN.

Jiménez califica la rebaja del volumen del trasvase como «un repizco más con cargo al regadío». Un recorte que les llega cuando están, afirma, «pendientes de una batalla importantísima sobre los caudales ecológicos».

«Esto es una cosa que no entendemos», reconoce el líder del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, «no es que sea gravísimo, pero es un recorte más».

Cuantifican la rebaja

El informe que el SCRATS trasladó al Ministerio de Teresa Rivera indica que «la modificación del volumen a trasladar en nivel 2 de 38 a 27 hm3 provoca un descenso del volumen medio de trasvase de entre el 3,2 y el 3,8% en función de la serie temporal analizada. En el caso del regadío, este descenso se incrementa hasta el 4%».

Por otra parte, los regantes apostillan que «esta modificación provoca un descenso en la permanencia en nivel 3 de entre el 13 y el 24%» del volumen medio de trasvase.

Con este recorte en el trasvase, los regantes afirman que «se imposibilita el reparto entre abastecimiento y regadío establecido en la ley», y de esa situación saldrá perjudicado el regadío.