ANSE, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar urgen a la Comunidad Autónoma y al Estado a tomar medidas capaces de atajar la degradación del Mar Menor, que podría llevar al Gobierno español ante la Justicia europea. Recuerdan que Bruselas ha iniciado la cuenta atrás y ha dado a España un plazo de tres meses para proteger las aguas de la contaminación por nitratos.

Las organizaciones vecinales y de defensa de la naturaleza interpusieron una nueva queja ante la Comisión Europea en septiembre de 2016 en la que reiteraban el incumplimiento de la Directiva de Nitratos y pedían a la Unión Europea que hiciera lo posible para ayudar a la recuperación del Mar Menor. El pasado mes de febrero comparecieron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Tras la aprobación de la Ley de Protección del Mar Menor por acuerdo del PSOE, PP y Cs en la Asamblea regional consideran que la nueva norma no será suficiente para garantizar la recuperación de la laguna litoral si no se ataja la entrada de nitratos.

Las tres organizaciones recuerdan en un comunicado que «la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado reconociendo que España no cumple sus obligaciones respecto a la Directiva sobre nitratos y da un plazo de tres meses para adoptar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas».

Advierten de que el Dictamen motivado «es el segundo paso en un procedimiento formal de infracción a un Estado debido a la no transposición de la normativa europea» o a la persistencia en los incumplimientos de la legislación de la Unión Europea.

Ante la apertura del procedimiento que la Comisión comenzó en noviembre de 2018, alertan de que puede remitirlo al Tribunal de Justicia, que podría imponer sanciones. En este sentido precisan que la UE sabe que tanto la Comunidad como la Administración central tienen conocimiento de la gravedad de la situación, porque se recoge de forma explícita en el preámbulo de la ley que aprobó el Ejecutivo regional en diciembre de 2019, derogada ahora con la norma aprobada este miércoles, y en el Esquema de Temas Importantes, el documento previo a la elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a exposición pública el pasado mes de enero.

Consideran que «esta carta de emplazamiento, junto a la remitida hace pocos días por el incumplimiento de la Directiva Hábitat, constituyen el reconocimiento comunitario al incumplimiento de la normativa europea de protección del Mar Menor y debería obligar a una reconversión y cambios notables en la forma en que se desarrolla la agricultura intensiva de regadío en el Campo de Cartagena especialmente».

Reclaman a la Comunidad Autónoma y al Estado que creen órganos conjuntos de gestión y participación que pongan en marcha programas y acciones reales y creíbles para solucionar los graves problemas ambientales, económicos y sociales del Mar Menor y la Comarca del Campo de Cartagena.

Apuntan que «la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible debe jugar el papel que se merece» y que la restauración de ecosistemas y paisajes «debe ser una prioridad también en el Mar Menor y su entorno».