El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, propuso ayer ante la Comisión de Reactivación Económica de la Asamblea Regional que se dote a la educación pública de una «mayor inversión» porque servirá como medida para salir de la crisis económica que ha provocado el coronavirus.

En este sentido, el rector de la UMU manifestaba que la pandemia ha mostrado las «debilidades» del modelo productivo de la Región de Murcia, donde no se apuesta por una educación pública de calidad, y ha añadido que los países con «mejores sistemas educativos han sabido enfrentar los retos de la pandemia».

Así, Luján explicó que «la inmediata prioridad de los poderes públicos debería ser proveer de las mejores oportunidades educativos a los ciudadanos», por lo que habría que dotar a la educación pública de una «mayor inversión» para que sirva como «motor de ascenso social», lo que ayudará a reactivar económica y socialmente la comunidad.

Además, el rector recordaba a los grupos parlamentarios que un estudio de Oxfam Intermón calcula que 30.000 habitantes se han visto abocados a la pobreza debido a la crisis económica provocado por el virus, con una tasa regional de exclusión social superior al 30%, por lo que ha defendido aplicar políticas sociales para salir de esta crisis.

Asimismo, ha pedido que el Gobierno regional complemente el Ingreso Mínimo Vital con ayudas complementarias para ayudar a mejorar esta situación.

Durante su intervención, Luján ha solicitado que la Comunidad invierta también en «investigación, innovación y desarrollo» en las universidades públicas, ya que estas instituciones son «actores claves para fomentar la creación de un verdadero ecosistema que permita una reactivación económica» a corto y largo plazo.

El rector de la UMU cree que «existe una relación directa entre la inversión en I+D y la renta per capita», por lo que la planificación de la recuperación económica tiene que ir en caminada a que las universidades incrementen su «potencial en investigación».

El curso que viene, lo más probable es que las clases sean semipresenciales o presenciales de forma «segura», estableciendo cada facultad las actividades presenciales y cuáles no lo serán.