El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, presentaba este viernes por la mañana la Memoria de la Fiscalía, la misma que ya entregó días atrás tanto al presidente de la Comunidad como al de la Asamblea. Memoria, con datos de 2019, que refleja una ligera disminución de incoaciones: 62.108 diligencias previas, 8.740 urgentes, pese a la «falta de fiscales que sigue dándose en esta Región», sentenció el máximo responsable del Ministerio Público en la Región.
Calcula Díaz Manzanera que se necesitan al menos unos 15 fiscales para equiparar a la Región a la media nacional, y anunció que le han concedido seis, de momento. También dijo que, en cuanto a funcionarios, la de Murcia es la peor dotada de España, con una ratio funcionario-fiscal de 0,45 (la media nacional es de 0,64).
En cuanto a áreas, el fiscal vinculó, por ejemplo, el «acceso a las nuevas tecnologías por parte de los menores» al aumento considerable de los delitos de abuso sexual (de 39 en 2018 a 61 en 2019) cometidos por personas que no han cumplido los 18 años.
«Todos tenemos que aportar ahí», manifestó, «los propios padres respecto a los hijos», al tiempo que calificó el aumento de «preocupante» y dijo que ha de ahondarse en las «razones psicológicas que pueden dar lugar a es ese tipo de conductas». Al tratarse de acusados que no han alcanzado la mayoría de edad, es la Fiscalía de Menores la que se encarga de llevar estos asuntos.
Volvió a decir el fiscal, como hizo el jueves y lleva haciendo años, que ha de cambiarse la ley en materia de violencia de género. Habló de «una situación de una cierta impunidad», ya que «como no hay más prueba que la declaración de la propia víctima, al no ratificar esa declaración, se da la absolución».
Desde que Díaz Manzanera es fiscal, cada vez que presenta la Memoria incide en este punto, dado que la norma no ha sido modificada todavía. Eso da lugar, considera, a que un 22% de las sentencias hayan sido absolutorias y más de la mitad de ellas porque la mujer retiró la denuncia.
Este 22% de las 1.328 sentencias sobre delitos de violencia contra la mujer fueron absolutorias contradiciendo el criterio del fiscal, frente al 9% de media en otro tipo de delitos. No obstante, la mitad de esas sentencias serían condenatorias si se reformara la ley y la víctima no pudiera acogerse a su derecho a no declarar respecto a su cónyuge.
En 2019 hubo una víctima mortal por violencia machista en la Región: Mª Lourdes Mantilla, a la que mató su pareja en una vivienda en Torre Pacheco. Tras acabar con su vida, tal y como el propio hombre admitió cuando fue detenido en el aeródromo de Alicante, le puso una rosa sobre el pecho y escapó. Luego este sujeto, Marco Vinicio, apareció muerto en su celda de la cárcel.
También sobre violencia machista, destacó el fiscal el «importante incremento de la colocación de dispositivos técnicos de control» a los maltratadores. Constan como activas en 2019 un total de 56 pulseras, aunque durante todo el año llegó a haber 162.
En siniestralidad laboral, suben los homicidios de tres a ocho y bajan las lesiones de 689 a 589, con 21 acusaciones (17 en el año anterior) y 10 sentencias (9 en el año anterior).
Habló del procedimiento del Mar Menor y dijo que «la mayoría de investigadas son empresas agrícolas a las que se ha localizado maquinarias de desalobración, todas ellas ilegales».
En 2019 se practicaron, relacionadas con el Mar Menor, 38 declaraciones de imputados, más otras 60 a practicar en el presente 2020, cuando el fiscal espera dar un impulso a esta causa.
Por otro lado, se refirió al tema de los patinetes, pues «hay problemas legales para estimar si son ciclomotores», aunque tiene claro que «para la seguridad vial es un problema manifiesto». Hay dos sentencias condenatorias, ambas de Lorca y ambas en apelación. Se resolverán a lo largo del año.
Sube el acoso inmobiliario
Puso el acento el fiscal en que ha habido un «importante aumento» del denominado acoso inmobiliario, al pasar de una a siete diligencias previas en un año. Consiste ese tipo de acoso en un hostigamiento que practican los propietarios de las casas respecto a sus inquilinos, con el claro objetivo de conseguir que estos últimos acaben abandonando el domicilio en el que vivían como arrendatarios.
«Son asuntos que están en trámite», explicó Díaz Manzanera, que concretó que en la Memoria de la Fiscalía de 2019 constan siete diligencias previas de acoso inmobiliario, frente a una del año anterior.
«Está relacionado con tema de los desahucios», detalló el fiscal, que concretó que la idea es «doblegar la voluntad de las personas que ahí se encuentran», esto es, que residen en la vivienda.
Muchas veces los dueños !uUtilizan mecanismos como intimidaciones para conseguir que esas personas se marchen antes de que el juez civil resuelva ese desahucio», el cual se solucionaría, comentó, por un procedimiento relativamente sencillo.
En cuanto al estado de los siete asuntos, manifestó que «la mitad está en trámite y la otra ya tiene escrito de acusación», aunque reconoció que, para las personas que son condenadas por esto, «la pena de prisión es baja». «Son delitos que hay que perseguir», insistió Díaz Manzanera, al tiempo que destacó que los delincuentes son «dueños particulares que quieren que esas viviendas se abandonen» lo antes posible.
Si opta por la vía judicial, el perjudicado ha de aportar pruebas que demuestren el acoso inmobiliario y las condiciones de inhabitabilidad son causa del casero. Lo habitual es que se abra una causa civil. Si los hechos son especialmente graves y reiterados, se podrá acudir a la vía penal.
