Un juzgado tendrá que ratificar las restricciones de movilidad que el Gobierno de López Miras pretende imponer en Totana, con el fin de intentar minimizar los contagios de coronavirus.
La medida que prohíbe, por ejemplo, entrar y salir del pueblo, «entra en vigor en el momento de su publicación, y entonces se solicita la ratificación del Contencioso Administrativo, como es habitual en este tipo de regulación», indican desde la Consejería de Manuel Villegas.
El juzgado competente, en efecto, es el Contencioso de Murcia; no obstante, si ha de actuar fuera del horario habitual, el Juzgado de Guardia asumiría las funciones del Contencioso, explican fuentes judiciales.
Y es que ni la Ley de Salud Pública ni la de Medidas Especiales: sólo el estado de alarma garantiza el confinamiento. En este caso, el Gobierno central no ha dictado ningún estado de alarma que afecte únicamente a la localidad del Bajo Guadalentín.
Fuentes judiciales indican que se da por hecho que lo que va a solicitar el Gobierno regional estará fundamentado con creces, especialmente después de lo que pasó en Lleida, cuando el president Torra quiso tomar medidas que restringían libertades y un juez lo echó para atrás. El desconcierto fue entonces en aumento en la comarca, después de que la justicia anulara el confinamiento que ordenaba el presidente autonómico. Quim Torra dijo entonces no aceptar la decisión judicial y anunció que lo haría por decreto.
Desde la Consejería de Salud hacen hincapié en que, en el caso de Totana, «no se prohíbe a la gente salir de su casa: se aconseja que no salgan», de ahí que, considera este departamento, «no es un confinamiento».
