La aprobación de la Ley de Mitigación del Impacto Socieconómico de la Covid-19 en el Área de Vivienda e Infraestructuras, que introduce grandes cambios en la regulación urbanística y en la ley que regula los puertos, ha pasado casi desapercibida. El hecho de que fuese debatida y votada en el mismo pleno en el que se aprobó la Ley de Protección del Mar Menor le ha restado protagonismo a una norma que el PP ha presentado como apuesta por «reducir los tiempos de respuesta de las administraciones y acabar con el freno a la inversión generadora de empleo que supone la duplicidad y lentitud de los trámites necesarios para el desarrollo de muchos proyectos». Sin embargo, el PSOE considera que «es más bien un atajo con la justificación de la agilización administrativa».
