Sin las infraestructuras contempladas en el Plan Vertido Cero, no habrá solución al Mar Menor. Bajo esta premisa los representantes de la industria agroalimentaria en el Campo de Cartagena se plantaron en la Asamblea regional para mostrar su oposición a los cambios en la que desde ayer es la nueva Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, Vicente Carrión y Francisco Gil, dirigentes de COAG Murcia, así como Natalia Corbalán, presidenta de la fundación Ingenio, fueron quienes en los pasillos de la Asamblea marcaron la oposición a la ley junto con Podemos y Vox, pero cada uno con sus propios argumentos.

El sector empresarial agrícola se mostró víctima de una norma regional que centra «la mayoría de sus cambios» en poner «restricciones» a la actividad agrícola en el Campo de Cartagena. En un corrillo con el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, los representantes agrícolas mostraron su desacuerdo. Entre la fundación Ingenio y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se presentaron 49 enmiendas a la ley del Mar Menor, y en muchas de ellas empleaban una investigación del catedrático de la UPCT Victoriano Martínez para desmontar las medidas que limitaban el desarrollo de los cultivos en la cuenca vertiente del Mar Menor.

Por ello, la cabeza del argumentario de los agricultores era la «falta de criterios técnicos y científicos» a la hora de que tanto el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos negociaran y pactaran casi 70 enmiendas. «No se ha demostrado su eficacia, ni los políticos saben si van a funcionar», señalaba un representante ayer.

«Hoy con la ley del Mar Menor se consolida el pesimismo entre las gentes del campo», explicaban ayer desde COAG, «Sin agua, sin mano de obra, sin precios, con infinita burocracia y con la sociedad posicionada en nuestra contra, ¿adónde nos han llevado?». Los agricultores, en opinión de los integrantes de la organización agrícola, «están cansados, queremos trabajar y seguiremos luchando por los que quedan o quieren seguir viviendo del trabajo profesional de la agricultura».

Manuel Martínez Madrid, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, pedía ayer en la Asamblea a los ciudadanos que visiten las explotaciones agrarias y ganaderas para que comprueben por ellos mismos qué medidas se llevan a cabo para controlar y tratar los fertilizantes, purines, o la gestión de los regadíos. «Y que luego saquen sus propias conclusiones».

Según los agricultores, los puertos, urbanizaciones, construcciones residenciales (algunas de ellas sin conexión a alcantarillado), redes de saneamiento obsoletas con pérdidas y filtraciones «a pie de playa», vertidos mineros, actividades náuticas a motor o depuradoras de insuficiente capacidad, sin obviar el grave daño por no haberse puesto en marcha medidas que corrijan los efectos de las lluvias torrenciales, constituyen presiones sobre el ecosistema y aportes contaminantes que «sistemáticamente son minimizados cuando no directamente ignorados por quienes se obsesionan en poner a los productores de alimentos en el centro de la diana social».