La corta vida de los decretos del Gobierno regional ha sometido a los ayuntamientos y a los ciudadanos de la Región a leyes de quita y pon en un plazo de siete meses. La protección del Mar Menor o las competencias sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos industriales y urbanísticos pasará por tres regulaciones distintas en poco más de medio año.

La Asamblea Regional aprobará en la recta final del mes de julio tres leyes que en los últimos meses se han visto sometidas a reformas y contrarreformas por parte del Gobierno y de la Asamblea Regional que introducen importantes cambios en el articulado. Algunos de ellos pueden acabar en el Tribunal Constitucional, por lo que es posible que tengan un periodo de vigencia muy efímero.

Hoy está prevista la aprobación de la Ley del Mar Menor, que elevará a 1.500 metros la franja litoral libre de fertilizantes, en la que solo se permitirán cultivos ecológicos.

Esta norma modificará el decreto aprobado por el Gobierno regional el pasado 28 de diciembre, hace siete meses y un día, en la que se establecía la franja de protección en 500 metros, que a su vez modificaba las disposiciones legales vigentes en aquel momento.

La ley que será probada con el consenso del PSOE, PP y Ciudadanos también introduce otros cambios, como el veto a las nuevas instalaciones ganaderas dentro de la franja protegida durante tres años.

Estos cambios constantes en un intervalo de tiempo tan corto hacen que la reglamentación jurídica se vea convertida en una especie de montaña rusa, en la que cualquier norma puede verse rebajada o endurecida en cuestión de meses.

El próximo 29 de julio se votará la reforma del decreto que modificó la Ley de Protección Ambiental y trasladó a los ayuntamientos la obligación de realizar los informes y las evaluaciones de impacto ambiental necesarios para aprobar nuevos proyectos industriales y planes urbanísticos.

Estas modificaciones fueron introducidas por el Ejecutivo en un decreto de mitigación de los efectos del coronavirus aprobado el 7 de mayo. Hasta aquel momento la administración responsable de la evaluación ambiental era la Consejería de Medio Ambiente, pero desde el 7 de mayo estas atribuciones pasaron a los ayuntamientos, aunque la Ley de Bases de Régimen Local solo contempla esta posibilidad para los municipios que superan los 50.000 habitantes.

Sin embargo, 76 días después de la entrada en vigor del polémico decreto al que se ha opuesto la Federación de Municipios de la Región, la Ley de Protección Ambiental volverá a ser modificada. Ante la evidencia de que los ayuntamientos más pequeños no tiene capacidad para realizar los informes técnicos y asumir las nuevas obligaciones que le ha trasladado el Ejecutivo regional, el texto en vigor incorporará 39 enmiendas, 10 de ellas presentadas por el PP, según indicaron fuentes del Grupo Popular.

Los cambios en este caso pasan por dar libertad para asumir esta competencias a los ayuntamientos que tienen entre 50.000 y 20.000 habitantes, mientras que la Comunidad seguirá ejerciendo las responsabilidad ambiental en los de menos de 20.000.

También hoy está prevista la aprobación otros cambios en las leyes de Ordenación Territorial y Suelo, Vivienda y Puertos, que pueden tener un corto recorrido, porque contienen artículos que podrían acabar el en el Tribunal Constitucional.