La Asamblea pone fin a siete meses de vaivenes en la Ley del Mar Menor

Antes de la votación, los portavoces de cada grupo político intervinieron para ensalzar el nuevo texto o reflejar a quién deja por el camino los cambios en la normativa. Por un lado a los agricultores y las empresas agrarias, como señalaba el diputado de Vox Pascual Salvador, y por otro a la propia laguna y su desprotección, como subrayaba la portavoz de Podemos, María Marín. PP, Cs y PSOE escenificaron el consenso que durante los últimos días han formalizado en los despachos de la Asamblea al perfilar una ley necesitada de «mejoras» y que ahora es el fiel escudo de una «unidad política» que quieren plasmar los tres partidos, en palabras del portavoz popular, Joaquín Segado.

La intervención primera la tuvo Diego Conesa, portavoz del grupo parlamentario socialista, que en sus minutos de discurso resumió los «logros» que el PSOE ha obtenido al llegar a un consenso del 90% de las enmiendas entre los tres partidos. Casi medio centenar de enmiendas legislativas llegaron de parte de la Comunidad de Regantes de Cartagena y de la fundación Ingenio, organización que representa a las empresas agrarias de la comarca. 172 han sido las presentadas por parte de todos los grupos parlamentarios.

Este miércoles todavía se seguían votando enmiendas de última hora, pero el texto definitivo salió adelante en torno a las doce del mediodía con los votos a favor de PSOE, PP y Cs, y con el voto en contra de Podemos y Vox. Una aprobación aplaudida por la mayoría de los diputados que pone fin, al menos en la parte legislativa, a esta tormentosa norma a la que no le han faltado las críticas desde todos los sectores sociales y económicos.

Juan José Molina, portavoz del grupo de Ciudadanos, entendió este día como una jornada en la que no hay espacio para «los reproches y la crispación» y celebró también el consenso político alcanzado entre los tres partidos, colocando al suyo como nexo de unión entre PP y PSOE. Molina pide ahora, tras salir adelante la ley, centrar la lucha política de la Región en lograr una mejor financiación autonómica, evitar el cierre del trasvase Tajo-Segura y potenciar el Corredor Mediterráneo.

La Asamblea aprobó también cambios en los artículos 64, 65 y 66 del decreto ley que se aprobó en diciembre tras señalar el Ministerio de Política Territorial que podían invadir competencias y ser anticonstitucionales. Problema que se resolvió con una nueva redacción de estos apartados.

Criterios técnicos y científicos

En la parte contraria, el blanqueo a las «prácticas de la agroindustria» y la «subvención en la zona 1 de la cuenca del Mar Menor a los nitratos» eran dos argumentos de la diputada María Marín para denunciar la «falta de utilidad» de la nueva ley. Apuntó sus críticas hacia Conesa por permitir con su voto a favor que salga adelante la «tesis» del 'lobby agrícola' y le recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la CHS, ha aprobado medidas contra la contaminación del Mar Menor más restrictivas que la norma regional. La agricultura de precisión, que se podrá llevar a cabo dentro de los primeros 1.500 metros de la ribera del Mar Menor y que permitirá el uso de fertilizantes hasta un máximo de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año, fue otro golpe en el discurso de Marín. «No tiene ningún tipo de respaldo legal esa agricultura».

Juan José Liarte, portavoz del grupo parlamentario Vox, y su antiguo compañero, el diputado de la misma formación, Pascual Salvador, centraron sus críticas en «la falta de criterios técnicos y científicos» en los artículos de la ley del Mar Menor. Cogiendo la principal crítica de los representantes de las empresas y cooperativas agroalimentarias, ambos políticos denunciaron la «ineficacia» de las medidas aprobadas ya que consideran que los diputados de los tres partidos no conocen el efecto real que tendrán sobre la protección de la laguna: «Con esta ley los agricultores van a sufrir, es la puntilla al sector agroalimentario», expresaba Salvador.