La Ley de Mitigación del Impacto Socieconómico de la Covid-19 en el Área de Vivienda e Infraestructuras contempla entre otras medidas el acceso de las familias que ocupan viviendas sociales a la propiedad de estas casas. El PP destacó que la ley «ofrece la oportunidad a 650 familias residentes en viviendas sociales de que puedan pasar a ser propietarias».

Sin embargo, PSOE y Podemos consideran que el momento para que los inquilinos de las viviendas públicas se conviertan en propietarios no es el más indicado, dado que la situación económica no permite garantizar la estabilidad necesaria para asumir su mantenimiento. El diputado de Podemos Rafael Esteban criticó que la ley «suprime el registro de demandantes de viviendas», lo que «vulnera» el derecho de las personas inscritas en él.

Por otra parte, el texto legislativo, que tiene de carácter muy heterogéneo, resuelve los problemas de varios miles de familias de Lorca, «que arrastran años de burocracia para justificar las ayudas recibidas por los terremotos, ya que, se dan por justificadas las subvenciones destinadas a la reparación de sus hogares y se amplía el plazo de reconstrucción y justificación» de las cantidades que recibieron.

El texto legislativo contempla cambios en la regulación del sector del taxi de la Región. Según indicaba el PP, «la reforma protege a los taxistas autónomos, mejorando sus condiciones de trabajo y su competitividad. Además, se promueve la sustitución progresiva de los taxis por vehículos híbridos o eléctricos, con la idea de reducir el impacto de las emisiones en las ciudades. Es una ley que promueve ciudades más verdes, más sostenibles y respetuosas», defiende el PP.