Los transportistas de la Región se sumarán al paro convocado para el 27 y 28 de julio en protesta por la decisión del Gobierno de autorizar los vehículos de 44 toneladas y cuatro metros y medio de altura (cuatro toneladas y medio metro más que los actuales), que ven como una amenaza para la estabilidad económica de las empresas. Con la protesta convocada por la patronal nacional CETM las compañías del sector también tratan de conseguir el apoyo del Gobierno central ante lo que consideran «abusos» e imposiciones por parte de los cargadores.

Unos 14.000 transportistas de la Región (entre empresas y autónomos con algún vehículo de transporte) están convocados a la protesta el lunes y el martes próximos, tal y como avanzó La Opinión. La patronal regional del transporte considera que la entrada en funcionamiento de los camiones con cuatro toneladas y medio metro más de altura supondrá una rebaja automática de las tarifas que cobran las empresas del sector, al entender que «si sube la oferta, el precio va a bajar».

Además, los vehículos con estas dimensiones no pueden circular fuera de España, por lo que sería necesario que las empresas «tuvieran unos camiones para el transporte nacional y otros para salir fuera del país», lo que supondría «duplicar la flota» y daría lugar a «una pérdida de competitividad». El coste de esta decisión resultaría especialmente gravoso en la Región, que tiene una de las mayores flotas de frigoríficos de todas las comunidades.

Tras el esfuerzo realizado por el sector durante el estado de alarma, el presidente de la Froet, Pedro Díaz, aseguraba ayer que los empresarios del transporte se sienten desbordados por las prácticas que han ido imponiendo sus clientes, como obligar a los conductores a asumir la carga y descarga de los vehículos después de recorrer largos trayectos al volante.

El presidente de la Froet y el secretario general, Manuel Pérezcarro, explicaron que la implicación de los conductores en las tareas de carga y descarga se empezó a introducir poco a poco y se ha ido «contagiando», hasta que ha llegado a generalizarse, a pesar del peligro que supone.

Según indicó Díaz, las empresas usuarias del transporte de mercancías calculan que si los conductores dejaran de realizar esta labor se tendrían que gastar unos 2.000 millones, dado que cada una de ellas «necesitaría cuatro o cinco personas más».

Recordó igualmente que algunos conductores murcianos han sufrido graves accidentes laborales, porque se ven obligados «a realizar tareas para las que no están preparados ni tienen la formación necesaria». Entre ellos citó los casos de un transportista fallecido en MercaBarna o el grave accidente ocurrido en la plataforma de una gran cadena de distribución nacional.

Por su parte, Manuel Pérezcarro recordó que «ahora mismo hay una clara posición de abuso de la mayoría de los cargadores respecto al transportista, porque incumplen la ley y no respetan las condiciones que se establecen en la norma: ni la carga y descarga, ni los plazos de pago, ni las paralizaciones, ni la revisión de las tarifas del transporte en función del precio del combustible», aseguró.

Añadió que lo que piden los transportistas es «que se cumpla la ley y que por lo menos nuestras empresas no se carguen de ineficiencias, ni de costes que corresponden a otros», subrayó Pérezcarro. Igualmente, pidió sanciones para quienes incumplan la ley «al igual que ocurre cuando un vehículo lleva exceso de peso».

La patronal se queja de los retrasos en el pago de los portes, que llega a demorarse hasta los 90 y los 120 días en algunos casos, aunque la legislación establece un máximo de 30 días. Sin embargo, «el combustible hay que pagarlo al contado».

La recuperación del céntimo sanitario es otra de las reivindicaciones de las empresas, que aún no han recibido el dinero pagado a cuenta de este impuesto eliminado por la Justicia europea en 2014. Según apuntó Pedro Díaz, aunque el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a los transportistas que reclamaron contra la aplicación de este tributo destinado a costear la sanidad, el Gobierno español no ha devuelto el dinero abonado por los transportistas.

El máximo responsable de la patronal regional mostró su decepción ante el trato que el sector está recibiendo desde que se levantó el estado de alarma y alertó de que, en caso de que no sean escuchadas sus reivindicaciones, las protestas se endurecerán tras el verano. «Nos han abandonado a nuestra suerte y sólo se han acordado de nosotros para trabajar más durante la pandemia, sin apoyos y en condiciones muy duras para los conductores, porque no podía faltar ningún producto», se lamentaba Pedro Díaz.