La Fiscalía quiere que Inmaculada García e Isabel Martínez Conesa declaren como testigos

Otro juzgado de Murcia investiga a cerca de una treintena de antiguos altos cargos de la Comunidad, empresarios y directivos de las empresas del grupo ACS que participaron en la contrucción de la planta arrendada al Ente Público del Agua en 2006. El exconsejero Antonio Cerdá es uno de los imputados en esta causa abierta hace varios años, al que la Fiscalía quiere citar ahora como testigo en la pieza separada de Valcárcel.

Esa solicitud figura en un escrito en el que se pide que se practiquen numerosas diligencias para tratar de esclarecer si el que fuera también vicepresidente del Parlamento Europeo pudo haber incurrido en varios delitos en torno a la promoción, construcción y explotación de la planta desalinizadora.

La petición de que se llame a declarar a García tiene por objeto que esta pueda confirmar o desmentir lo que manifestó el exinterventor general de la Comunidad Autónoma de Murcia Eduardo Garro cuando declaró como testigo en estas diligencias el pasado 23 de junio.

Fue entonces cuando Garro reveló que en una reunión celebrada en el despacho de la entonces directora general de Presupuestos Isabel Martínez Conesa esta le comentó que no sabía qué hacer con la garantía conocida por "comfort letter", que podría obligar a la Comunidad Autónoma a responder de las obligaciones que pudieran deducirse contra la empresa constructora de la planta.

Y añadió que se lo comentó a García y que esta, siempre según el testimonio prestado por Garro, le habría dicho que no estaba de acuerdo con la misma y que "aquello no se podía firmar".

Precisamente el fiscal ha pedido igualmente que se llame a declarar, en la misma condición de testigos, a la citada exdirectora general de Presupuestos y, también, al exconsejero de Agricultura y Agua y expresidente del Ente Público del Agua (EPA) Antonio Cerdá y al primer gerente de este órgano, Amalio Garrido.

Sobre estos dos últimos, el ministerio fiscal precisa que como ambos figuran como investigados en la causa principal que sobre la misma desalinizadora se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia, "tendrán derecho a declarar con la mera exhortación a decir verdad".

Otra petición es la referida a que se oficie a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para que este organismo informe de la existencia o no de convenios y acuerdos de permuta de agua con el EPA, la sociedad Desalinizadora de Escombreras o la empresa Hidronostrum.

También solicita que el juzgado se dirija al gobierno regional para que le envíe determinada información con el fin de poder determinar si existió no perjuicio para las arcas regionales con este proyecto y, en su caso, la determinación de su importe.

El fiscal pone especial interés en conocer si existen informes o estudios en poder de la Comunidad Autónoma sobre el coste real y final de la planta conforme al contrato de arrendamiento asumido por la empresa de la desalinizadora con la sociedad Hydro Management.

No obstante, los Servicios Jurídicos de la Comunidad han presentado un escrito ante el juzgado que investiga la causa principal del caso desaladora en el que reclama 205 millones como responsabilidad civil a la treintena de imputados, entre los que figura Antonio Cerdá y un elevado número de ex altos cargos de la Comunidad que formaron parte del consejo de administración del desaparecido Ente Público del Agua.

Finalmente, solicita que se pregunte al Gobierno autónomo si conocía el valor real de construcción, a precio de mercado, de una planta del mismo o similar tamaño y capacidad.

Esta pieza separada, en la que figura como investigado únicamente Ramón Luis Valcárcel, tiene su origen en la denuncia presentada hace ahora un año por el ministerio público y la misma se sigue por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.