Fernando López Miras prometía en su programa electoral, para antes de que se cumplieran cien días de Gobierno, diez medidas de las cuales solo tres son hoy en día una realidad. Se trata del traslado de la consejería de Turismo a Cartagena, ayudas de hasta 6.000 euros para los contratos indefinidos y la libertad para elegir médico. Esta última, además, era ya una realidad desde hace diez años.
La salud bucodental gratuita para mayores de 65 años, inversión de 30 millones de euros para modernizar los colegios e institutos, transporte gratuito interurbano para los estudiantes, tres años de cuota cero para los autónomos, la Oficina Económica de la Región en Madrid para captar inversiones, la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero en Cabo Cope y el canal ético para canalizar denuncias por malas prácticas en la Administración son siete promesas que ya llevan 265 días de retraso.
Polémicas leyes de mitigación
Uno de los estandartes del Partido Popular en la Región de Murcia es la bajada de impuestos. En los Presupuestos de 2020, pese a la deuda de la Región, el Gobierno reincidió en la deducción del tipo impositivo de todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, beneficiando a más de 300.000 contribuyentes, que se ahorran más de 15 millones de euros adicionales. Esta rebaja fiscal se extenderá hasta 2023 y beneficia especialmente a las clases medias, con unos ingresos comprendidos entre los 12.450 y los 34.000 euros anuales.
Su política fiscal siempre ha sido criticada por la oposición, que considera que con las cifras de déficit y de deuda de la Región, se debería reformar para aumentar las presión sobre las rentas más altas. En lo que sí coinciden es en seguir pidiendo al Gobierno de España un cambio radical del sistema de financiación, que discrimina a los murcianos.
La simplificación administrativa ha estado presente en cada uno de los decretos que ha aprobado el Ejecutivo regional, sobre todo tras la pandemia de coronavirus. El decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras', así como en el área de medio ambiente, reducen los plazos administrativos, algo que es visto por los grupos de la oposición y por los ecologistas como una liberalización encubierta en el caso de la vivienda y de desprotección en el caso del medio ambiente.
Otro de los grandes asuntos en los que el PP está cumpliendo es el del veto parental, al que se refieren como «libertad para decidir la educación de sus hijos». Fue Vox el que negoció con el PP esta medida y lo impuso a cambio de apoyar la investidura. El anuncio de los decretos de la Consejería de Educación para instaurar el veto parental llevó aparejado un recurso del Ministerio que esta semana fue archivado por el TSJ, ya que el curso escolar se da por finalizado. Desde el Grupo Parlamentario Vox, no obstante, avisan: «Vigilamos muy de cerca el proceso legislativo que debe culminar con la aprobación de una norma jurídica».
