La Ley de Protección Integral del Mar Menor que se votará en unos días en la Asamblea Regional ha provocado el grito unánime de las organizaciones agrarias. ASAJA, COAG y UPA publicaron ayer un comunicado conjunto en el que presentan un decálogo de reproches ante el debate que ha suscitado el nuevo texto legal y las restricciones que impondrá a la agricultura en una franja de 1.500 metros.

Critican lo que consideran una «más que evidente falta de coordinación y sintonía» entre las distintas administraciones del Estado y piden que la ley se apruebe «por un amplio consenso parlamentario» que sea «sensible a las aportaciones y propuestas presentadas por el sector agrario».

Aglutinan sus reivindicaciones en diez puntos que quieren trasladar tanto a los organismos públicos como a la sociedad civil.

1. Exigen el cese de los ataques

En primer término, las organizaciones agrarias exigen el cese de los ataques que «en no pocas ocasiones con evidente menosprecio a la dignidad de los agricultores y ganaderos, persisten de forma obsesiva e irracional en responsabilizar casi en exclusiva al sector agrario del estado del Mar Menor».

Después de lamentar el deterioro de la laguna y mostrar su «compromiso por la recuperación», señalan a «puertos, urbanizaciones, construcciones residenciales, algunas sin conexión a alcantarillado, vertidos mineros, actividades náuticas a motor», entre otras actividades, como corresponsables de la situación. Sin obviar, señalan, «el grave daño por no haberse puesto en marcha medidas que corrijan los efectos de las lluvias torrenciales sobre la laguna».

2. Igualdad en las restricciones

Desde ASAJA, COAG y UPA consideran que, de la misma forma que la responsabilidad del deterioro medioambiental del Mar Menor es consecuencia de la acción de distintas actividades, «su recuperación solo será factible implementando medidas a todas las actividades del entorno».

3. Reproche a las instituciones

«Lamentamos y condenamos que la deficiente actuación de las administraciones durante décadas persista pese a la gravedad de la situación», expresan. Critican, por ejemplo, que no se asegurase un desarrollo urbanístico ordenado.

4. Respeto para sus propuestas

En el comunicado rechazan «las críticas tendenciosas y malintencionadas a cada propuesta del sector agrario de introducir mejoras en la redacción de la Ley para la Protección del Mar Menor», mientras se aplauden, afirman, «alternativas homeopáticas sin ningún rigor científico desde posiciones dogmáticas».

5. Mejoras de los agricultores

Ponen en valor «las mejoras introducidas por los agricultores en sus prácticas agrarias y técnicas de producción» que han supuesto costes elevadísimos a lo largo de los años que vienen «reduciendo la huella ambiental de la actividad agraria».

Habría sido deseable, señalan, «que otras actividades hubieran corregido su impacto en el mismo nivel que lo ha hecho la agricultura durante este tiempo».

6. Gestión de las aguas

Lamentan, además, que tampoco se haya tenido en cuenta «su importante contribución a la gestión de las aguas residuales urbanas generadas mediante su dilución y reutilización en el regadío».

«¿Cuál sería el destino de las aguas residuales de las poblaciones que rodean el Mar Menor si no se reutilizaran por los agricultores?», se preguntan UPA, COAG y ASAJA.

7. Necesidad de nutrientes

«Resulta inconcebible por ridículo», expresan en el comunicado, «que se pretenda hacer creer que un producto ecológico necesite menos nutrientes para ser cultivado que uno convencional».

8. Rechazan los regadíos ilegales

El sector agrario muestra su condena «sin paliativos» a las superficies ilegales de regadío, «sin matices. Sin medias tintas», sentencian.

Exigen la actuación de las administraciones para que «la noticia sea su erradicación» y demandan disponer de agua suficiente y de calidad a un precio razonable.

9. Escuchar a la ciencia

Señala el sector agrícola que «la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima pedía que los países escucharan a la ciencia para combatir el cambio climático. ¿vamos a mejorar la sostenibilidad medioambiental de la agricultura ignorando la ciencia?», cuestionan.

10. Exigencias del sector

Consideran desde ASAJA, COAG y UPA que una agricultura sostenible medioambientalmente implica «apostar por una agricultura viable económicamente». Afirman también que legislar con «pasión en pos de loables objetivos» no debe ser incompatible con legislar de la mano de «los conocimientos científicos y técnicos».

Además, aseguran que la imposición de restricciones se debe acompañar de apoyos públicos.