El debate de las medidas de la CHS ha estado marcado por la presentación de sendos informes jurídicos de la comunidad y de los regantes del Campo de Cartagena en los que se establece que la reunión es nula de derecho porque no se ha convocado con las 48 horas de antelación prevista y contiene «irregularidades». Así, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha indicado que la declaración contempla un cambio del perímetro afectado en más de 3.000 hectáreas y 11 pozos sin haberlo sometido a exposición pública.

Por ello, según fuentes de la comunidad, la CHS ha decidido retomar el perímetro inicialmente previsto y votar la declaración de la masa de agua, que se ha aprobado sin la participación de los representantes autonómicos, que han anunciado que recurrirán esta decisión, al igual que las medidas cautelares aprobadas a continuación. En este sentido, el Gobierno regional entiende que la CHS no ha incluido a los regantes de Pilar de la Horadada (Alicante) como posibles infiltradores en el acuífero, lo que estiman un «agravio comparativo» con los agricultores del Campo de Cartagena, y que ya ha adoptado medidas tendentes a evitar la llegada de nutrientes a la masa de agua.

Mientras, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, ha incidido en que la Junta de Gobierno está invadiendo competencias, marcadas en el Estatuto de Autonomía como propias de la comunidad, además de no trasladar ni someter a información pública a los afectados estas medidas cautelares. Martínez también ha criticado que PSOE, PP y Cs vayan a mantener en la futura Ley de Protección Integral del Mar Menor artículos «casi más lesivos» que la franja de 1.500 metros sin fertilización acordada, como el laboreo de curvas de nivel y la limitación de cultivos, que son «líneas rojas que no benefician al Mar Menor y sí perjudican a la agricultura».