Representantes de la Fundación Ingenio, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) y de Proexport han mostrado este miércoles su «preocupación» respecto a las consecuencias de la nueva ley de Protección Integral del Mar Menor que se vota el próximo 22 de julio en la Asamblea y han pedido diálogo a las administraciones. En este sentido, lamentan que la nueva de ley presenta aspectos «lesivos» respecto a la continuidad de la actividad agrícola en la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Fundación Ingenio en un comunicado.
Esta propuesta legislativa, añade, «dedica un 70% de su articulado a señalar a la agricultura como culpable de la degradación del Mar Menor, impidiendo prácticamente la continuidad de forma rentable de la actividad agrícola y condenándola así a su desaparición».
No obstante, creen que «existen muchos otros factores con una gran incidencia en la contaminación del Mar Menor», tal como señala el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor realizado por el Comité Científico. La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha dicho «entender» la situación, porque «somos el primer interesado en trabajar para encontrar una solución a la situación actual del Mar Menor». Pero advierte que «de todas las soluciones posibles, destruir la agricultura.
El sector aboga por una revisión del texto legal para buscar el consenso con todos los actores implicados a través de soluciones basadas en criterios técnicos. Se prestan a abrir vías de diálogo con las administraciones y los actores implicados, partiendo de un análisis que aúne todas las voces del sector.
