La reclamación de 205 millones presentada por la Comunidad ante el jugado que investiga el caso de la desaladora de Escombreras no es la única vía a la que puede recurrir el Ejecutivo murciano para resarcir a la Administración regional de las pérdidas económicas que ha ocasionado la planta. Los Servicios Jurídicos de la Administración regional también se están planteando exigir responsabilidades en el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Fiscalía por el daño al erario público, según han indicado fuentes de la Consejería de Hacienda.

Diez años después de que el Tribunal de Cuentas detectara las primeras irregularidades en los gastos ocasionados por el desaparecido Ente Público del Agua (el órgano que firmó los contratos con las empresas del grupo ACS), la Comunidad Autónoma empieza a considerarse como parte perjudicada en un proyecto que cuesta más de 20 millones de euros al año del presupuesto regional, a pesar de que la planta de Escombreras está funcionando ya a pleno rendimiento y la mayor parte de su producción se destina al regadío.

Aunque está personada en ambas causas, la Administración regional ha mantenido una actitud muy distinta, como demuestra el hecho de que se opusiera al cierre de la planta cuando lo pidió la Fiscalía para cortar la sangría que los contratos con las empresas de ACS (Hydro Management y Tedagua) causan en las arcas regionales.

El cambio en la línea de actuación del Ejecutivo es significativo teniendo en cuenta que los Servicios Jurídicos de la Comunidad ni siquiera llegaron a recurrir el archivo del procedimiento por alcance (perjuicio al erario público) abierto por el Tribunal de Cuentas en 2016 cuando este órgano decidió cerrarlo en lugar de esperar a conocer la decisión de los juzgados. Sin embargo, un recurso de la Fiscalía impidió el carpetazo y dio pie a que el Tribunal Supremo ordenara la reapertura del procedimiento.

Esta decisión vuelve a dar a la Comunidad Autónoma la posibilidad de exigir responsabilidades al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y a los demás exaltos cargos que formaron parte del consejo de administración del Ente Público del Agua y de las dos empresas públicas creadas para gestionar los caudales procedentes de la planta de Escombreras, que supuestamente iban a ser consumidos por los ayuntamientos de la Región.

De momento, la Administración regional acaba de pedir unas indemnizaciones que suman casi 205 millones a los acusados en el caso de la desaladora para cubrir las pérdidas que ha originado la planta desde empezó a funcionar en pruebas en 2009 y las empresas del grupo ACS empezaron a cargar sus facturas al presupuesto regional.

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Hacienda han informado de que los Servicios Jurídicos «están estudiando si van a pedir responsabilidades en el Tribunal de Cuentas en coordinación con la Fiscalía».

Sin embargo, resulta poco probable que se produzca una reclamación económica por partida doble en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas por el mismo concepto, por lo que es posible que la reparación de los daños al erario público se traslade a la vía del procedimiento contable. Esto no impediría que siguiera adelante el proceso penal por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude y fraude de subvenciones, además de falsedad, con las sanciones que puedan establecerse.

También la Fiscalía ha pedido una fianza de 900 millones a los casi 30 acusados en el caso desaladora para cubrir la responsabilidad civil en la que pueden haber incurrido, lo que puede dar lugar al embargo de bienes a los imputados.