La empresa contratada por la Consejería de Salud para gestionar el servicio de información telefónica durante la pandemia, la compañía Offshore Special Services, a la que está vinculado el ex alto cargo del PP Manuel Durán, ha tenido una extraña compañera de viaje.

La firma con la que está relacionado el antiguo director general de Emergencias y ex secretario general de la Federación de Municipios de la Región, que antes de desembarcar en la Consejería de Salud había asumido el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de San Javier, ha tenido como administradora a un extraño personaje que aparece vinculado a más de un millar de empresas en los últimos años creadas con un capital de 3.000 euros, según ha desvelado la SER.

Se trata de Maria Elena García Pastrana, que se ha hecho un nombre en las hemerotecas gracias a las extrañas peripecias en las que se han visto implicadas las empresas a las que ha representado en los últimos años actuando como administrador único.

La vinculación de García Pastrana a Offshore Special Services duró poco más de un mes entre noviembre y diciembre de 2018.

El Mundo la vinculaba en una información del año 2017 con los negocios del torero Fran Rivera en África. Según el informe de un detective, que aparece recogido en la noticia, la función de María Elena García Pastrana consiste en aparecer como pantalla y «formar parte de las sociedades el tiempo necesario para su venta, en muchas casos a personas interpuestas o testaferros». Se trata de una práctica utilizada en muchos casos para impedir que los dueños aparezcan en asuntos turbios.

Las averiguaciones realizadas también permitieron saber que nació en Francia y reside en Badalona.

Hasta 2017 había ocupado 551 cargos en empresas, pero según los últimos datos recogidos en los portales que recopilan información sobre los movimientos publicados en el Registro Mercantil, la que fue administradora única de

Offshore Special Services ha estado ya al frente de más de 1.200 sociedades.

A finales de 2019 El País la vinculó con una oscura operación inmobiliaria en Madrid que dejó en la calle a decenas de familias tras la venta de viviendas pertenecientes a una fundación religiosa. La operación dio lugar a una querella admitida a trámite por el Juzgado número 51 de Madrid.