El brote de personas contagiadas debido a un vuelo de Bolivia con tres pasajeros que residen en la Región no dejó de crecer desde hace un mes, con una mujer fallecida el 1 de julio en Moratalla y 67 casos activos, debido a cuarentenas "inadecuadas" de algunas de las personas a las que el médico de salud cuando las llamó no se encontraban en su casa como se les había ordenado.
Además de este brote existen otros cuatro entre los que no está el municipio de Molina de Segura a pesar de ser el tercero de la Región en número de contagios (6) porque no hay un mínimo de 3 personas relacionadas y se trata de casos aislados. Los cuatro brotes se registran en los municipios de Murcia y de Cartagena y son todos familiares, excepto uno de una patera llegada el pasado fin de semana y que afecta a 3 inmigrantes argelinos.
El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dado a conocer toda la información relativa a la lucha contra la pandemia en la Región tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que, entre otras medidas, se aprobaron las sanciones con las que se multarán a las personas o empresas que incumplan la normativa vigente de lucha y control contra el Covid-19 y que van de leves, de entre 100 y 3.000 euros, a graves, de 3001 a 60.000 hasta muy graves, de seiscientos mil euros.
"No nos podemos quedar impasibles ante esta situación", explicó el consejero tras detallar el estado de los brotes y especialmente el procedente de Bolivia, que es el que mas preocupa a la administración autonómica.
Preguntado respecto a la transmisión comunitaria del virus, remarcó que son pocos los casos sin vínculo epidemiológico como los casos familiares que no están relacionados, por ejemplo, con el principal brote boliviano, pero dijo que están "muy circunscritos" y sus contactos estrechos ya se han analizado con detalle para cerrar el círculo de transmisión, por lo que esa transmisión, según dijo, "es poquita y está controlada", si bien reconoció que tienen la enfermedad sin que sepamos cómo se han contagiado.
Respecto a las sanciones, van desde los cien euros por no llevar la mascarilla o llevarla inadecuadamente hasta los seiscientos mil para los casos mas graves de grandes aglomeraciones de gente sin respetar aforos ni las normas impuestas de salud pública.
Según Villegas, el ministro de Sanidad les recomendó a las autonomías que a la hora de adoptar medidas de confinamiento perimetral que lo justifiquen bien para evitar problemas judiciales porque no es lo mismo confinar una ciudad que un edificio y deberá hacerse de manera proporcional y hacerlo solamente en el edificio donde están en aislamiento las personas contagiadas en lugar de adoptar la decisión en toda la población del entorno de ese edificio.
Además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Policías Locales, podrán ser los inspectores de Salud los que entren a un local o restaurante para observar cómo se están llevando a cabo las medidas de control, y los médicos de familia seguirán siendo los que a diario llamen para conocer el estado de las personas en cuarentena o aislamiento, para saber si ha habido alguna complicación y si en el caso de que nadie coja el teléfono, los que llamarán a la Delegación del Gobierno o Policía Local para la detención de esa persona.
"Es la hora de que la gente sea responsable de la situación y de lo grave que es el tema", agregó, y explicó que no se tratará de sancionar por sancionar, sino que por la actitud irresponsable de una o varias personas se pone en riesgo la salud de todos los demás.
