La Plataforma por la Escuela Pública-Marea Verde ha lamentado la falta de medidas concretas y presupuesto de la Consejería de Educación de cara al arranque del próximo curso, que estará marcado por la crisis del coronavirus pero, según este colectivo, no contará ni con personal y ni con fondos suficientes para garantizar una enseñanza de calidad.

Las organizaciones que integran la plataforma (los sindicatos CC OO, UGT y STERM, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes FEMAE, la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia AIDMUR, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos FAPA Juan González y los partidos políticos PSOE, Podemos e IU-V) ha ofrecido una rueda de prensa conjunta por videoconferencia en la que han advertido de que están estudiando la posibilidad de convocar movilizaciones para protestar por esas carencias de cara al próximo septiembre.

Para la plataforma, la administración regional "no ha estado a la altura" ni durante el confinamiento ni de cara al comienzo del próximo curso, y nunca ha querido reunirse con este colectivo para abordar esos problemas.

Durante los meses del confinamiento, con las clases suspendidas, han faltado medios y medidas para atender a los alumnos más vulnerables y las familias y docentes han sido los que, con sus propios medios y su sacrificio, han sacado adelante la situación, ha advertido Esther Herguedas, de IU-V.

En ese sentido, ha remarcado que los propios docentes tuvieron que improvisar sistemas alternativos de enseñanza telemática con sus propios recursos ante la inacción de la Consejería, que dictó las primeras instrucciones el 20 de abril, más de un mes después de decretarse el estado de alarma.

Sobre el teletrabajo, Antonia del Vas, de UGT, ha criticado que se puso en marcha "sin instrucciones ni recursos" ni para los docentes ni para las familias, y de cara al próximo curso, en el que se ha mostrado segura de que también estará presente, no se ha regulado de ninguna manera, ni respecto al acceso a medios informáticos y quién costea esos gastos, ni sobre la regulación de horarios o las condiciones laborales.

En cuanto a las familias, Francisca López, de la FAPA Juan González, mayoritaria en la región, ha lamentado el abandono que han sufrido sobre todo aquellos que no tenían medios ni conocimientos para ayudar a sus hijos en los estudios, así como que no se hayan tenido en cuenta las necesidades de conciliación, ya que la mayoría de los padres tuvieron que compaginar su trabajo con la educación de los menores.

Por su parte, José Manuel Fernández, de STERM, ha lamentado que durante estos meses y hasta el momento, la Consejería ha tomado todas las decisiones de manera "unilateral" y sin dialogar con la comunidad educativa, para poner sobre la mesa un inicio de curso "ordinario, como si no hubiese pasado nada", sin planes específicos para reducir las ratios de alumnos por clase, desdoblar grupos o adaptar espacios en los centros educativos.

La guía editada por la comunidad autónoma, ha lamentado, solo contempla un protocolo sanitario a seguir en caso de contagios que deja toda la responsabilidad en los equipos directivos de los centros, como ha venido sucediendo hasta el momento.

Sobre ellos, Ignacio Tornel, de CC.OO., ha destacado que "han sido la cabeza gestora de todo tipo de medidas con escasísimos medios" durante toda la pandemia, y volverán a serlo durante el próximo curso, porque la guía de la comunidad autónoma para el inicio del curso es un "manual de buenas prácticas sin compromisos" de la administración.

De hecho, uno de los pocos anuncios de la consejería de Educación ha sido la contratación de unos 500 docentes para reforzar el próximo curso que, para María Marín, de Podemos, es una cifra completamente insuficiente, dado que no habrá ni siquiera un profesor adicional por cada centro educativo (unos 650 en la región) y el aumento de estudiantes este curso ya haría necesario por sí solo ese aumento de plantilla.

Por su parte, Antonio Espín, del PSOE, ha lamentado que la comunidad no haya anunciado ninguna inversión ni aporte de fondos propios para hacer frente a la crisis sanitaria en la educación.