La defensa del expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido al juzgado de instrucción que investiga el conocido por caso de la Desalinizadora de Escombreras que exija a la acusación popular la entrega de una fianza de 600.000 euros si quiere seguir como personada en la causa.
Esa propuesta, según indicaron a Efe fuentes cercanas a esta pieza separada que se tramita contra Valcárcel, se contiene en el escrito en el que su letrado defensor, Fernando Adame, califica de «temeridad procesal» la petición de esa acusación particular de que se acordara el ingreso en prisión del investigado.
Para la defensa del exmandatario regional, la petición hecha por el letrado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular, carece de soporte normativo y contraviene lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y añade que De Ramón actúa con la finalidad de perseguir objetivos ajenos al correcto desarrollo del procedimiento, puesto que Valcárcel ya no forma parte del gobierno regional y, por tanto, difícilmente puede alterar algún elemento de prueba.
Señala también que esa posibilidad no existe, además, porque la causa principal, que se tramita en otro juzgado de instrucción, comenzó a ser investigada hace seis años y las pruebas obran ya en poder de la autoridad judicial.
Dice así mismo el escrito que es el momento de que se le exija la prestación de la citada fianza, que es el 0,1 por ciento de los 600 millones de euros en que la acusación popular tasa los presuntos perjuicios causados a las arcas regionales con la desalinizadora.
Para la defensa del expresidente Valcárcel, la acusación popular no solo no trata de colaborar con la justicia, sino que su actuación parece encaminada a alimentar lo que denomina «trompetería mediática» que rodea a este caso.
