La Inspección de Trabajo peinará casi un millar de empresas de la Región en busca de los casos de fraude en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El objetivo de los inspectores es evitar que las compañías murcianas que se han acogido a la fórmula establecida por el Gobierno central cuando declaró el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus traten de abusar y aprovechar de forma irregular la prestación que abona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los trabajadores que tienen suspendidos sus contratos de trabajo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha lanzado una campaña contra el fraude en los ERTE para garantizar que los recursos públicos dedicados a mantener el empleo en las empresas que han cerrado o han visto caer su actividad se destinan realmente a cumplir los objetivos perseguidos.

La campaña, que ya está en marcha, comprende el envío de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE y la intensificación de visitas para detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).

En toda España serán inspeccionadas unas 10.000 empresas, según los datos que ha avanzado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En la Región los inspectores centrarán sus controles en 940 compañías acogidas a expedientes de fuerza mayor. No obstante, fuentes de la Inspección de Trabajo han indicado que esta cifra no está cerrada, pues se va incrementando diariamente a medida que llegan las solicitudes de actuación derivadas de las denuncias presentadas en su registro y a través del buzón online que tiene en Internet.

También serán atendidas las solicitudes realizadas por la Autoridad Laboral, que ejerce la Consejería de Empleo, y por el SEPE.

En la Región se han acogido al ERTE unas 15.000 empresas, según los datos que maneja la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Estos expedientes han afectado a cerca de 80.000 trabajadores.

No obstante, la cifra total de empleados con contratos suspendidos se ha acercado a los 84.000 al sumarse los trabajadores de las grandes cadenas que presentaron expedientes de regulación para la plantilla de todas sus tiendas de España, por lo que no aparecen recogidos en las cifras de la Comunidad.

En este momento se calcula que ha vuelto al trabajo el 50% de los asalariados a los que se les suspendió su contrato.

Desde que empezaron a aplicarse los expedientes en la Región los sindicatos han venido denunciando una utilización fraudulenta de los expedientes de regulación temporal de empleo por parte de las empresas y han pedido mano dura contra las compañías infractoras.

Recordaba igualmente que entre las prácticas fraudulentas figuraba el no incluir en esos expedientes al personal fijo discontinuo ni a los eventuales.

La Inspección de Trabajo ha anunciado que también vigilará otro tipo de fraudes, como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado mientras que se sigue manteniendo a trabajadores en el ERTE.

El Ministerio ha activado en sus redes sociales una campaña de divulgación que, con el hashtag #ProtegerLoPúblico, incide en el uso responsable de los recursos públicos destinados a preservar el empleo.

La prórroga alarga las ayudas hasta el 30 de septiembre

El acuerdo alcanzado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos ha permitido ampliar la vigencia del paraguas protector de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al 30 de septiembre, aunque no se descarta una prórroga posterior en caso de rebrote de la pandemia. El acuerdo establece que a los ERTE por fuerza mayor vigentes actualmente se les aplique una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores. Para las empresas con plantillas mayores, la exoneración de cuotas será del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre.