La ley vigente a raíz de la nueva normalidad establece que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación del coronavirus, lo cual incluye precauciones adicionales como mantener la distancia de seguridad siempre y cuando sea posible, evitar aglomeraciones o lavarse las manos con frecuencia.
Por ahora no se establece un criterio específico para graduar los incumplimientos a este respecto, pero la Ley de Salud Pública prevé sanciones de entre 3.001 y 600.000 euros para quienes pongan en riesgo la salud de la población.
En los bares, se deberá asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad. Lo que pasa es que un botellón no es un bar. De ahí las lagunas legales.
