TCERO, una de las cinco empresas que aspiran a la nueva concesión de La 7, también ha llevado a los tribunales de Justicia el contrato provisional que la Comunidad Autónoma hizo a Secuoya con carácter urgente para evitar que el canal autonómico tuviera que dejar de emitir el 30 de abril.

El grupo murciano ha abierto así un tercer frente de confrontación en la disputa por la concesión de 7TV, dado que también ha presentado denuncias al Servicio Regional de la Competencia y al Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda.

El recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso por el grupo que preside Juan Francisco Zambudio ha sido admitido a trámite por el TSJ, aunque la resolución judicial difícilmente se producirá antes de que expire este contrato provisional que trata de impugnar.

El contrato que obtuvo Secuoya en 2015 para gestionar el canal autonómico impedía mantener las emisiones a partir del 1 de mayo y no admitía nuevas prórrogas, pero la nueva concesión todavía se encontraba en proceso de licitación, dado que los pliegos de condiciones no se aprobaron hasta marzo.

Para evitar que La 7 tuviera que apagarse, el Ejecutivo optó por adjudicar a la anterior concesionaria un contrato directo amparándose en el estado de alarma para que Secuoya mantenga las emisiones hasta que esté resuelta la adjudicación con las mismas condiciones que se establecieron hace cinco años.

Según informa el grupo murciano en un comunicado, una vez admitido el recurso, "el TSJ ha requerido a la Consejería de Presidencia y Hacienda para que, en el plazo improrrogable de veinte días, le remita toda la documentación y expedientes relacionados con el procedimiento denunciado".

El TSJ también ha emplazado a las partes interesadas para que puedan personarse como demandados, en el plazo de nueve días.

Añade que "la forma de contratación empleada en el mencionado procedimiento infringe el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y el resto de condiciones y límites legales, en detrimento de los derechos de los potenciales licitadores del nuevo contrato, olvidando que no basta la existencia de un acontecimiento excepcional, como la pandemia ocasionada por la Covid-19, para restringir el derecho de competidores y ciudadanos, sino que es precisa una actuación administrativa inmediata y diligente, que en este caso no se ha producido, pues la CARM fue en todo momento consciente de las consecuencias jurídicas de la expiración del contrato con CBM-Secuoya y de la única prórroga permitida en el mismo".

TCERO también ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por discrepancias con algunos de los puntos del pliego de condiciones relativos a la revisión salarial de los trabajadores del canal autonómico que deben ofrecen los postores, lo que ha dado lugar a la suspensión del concurso.

El Tribunal de Recursos Contractuales, que es un órgano de carácter administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que impide abrir los sobres que han presentado los cinco postores, aunque el plazo de presentación de ofertas terminó el pasado 2 de julio.

TCERO Estudios y Secuoya se disputan la nueva concesión para los próximos cinco años por un importe de 77,5 millones con otras tres empresas que se han presentado al concurso.

Las otras tres empresas son Promecal Audiovisuales, que gestiona distintos periódicos y cadenas de televisión, entre ellas la televisión autonómica de Castilla y León; Now Audiovisual, empresa perteneciente al grupo Henneo que gestiona periódicos como el Heraldo de Aragón o el 20minutos; y por último, una unión temporal de empresas entre las que se encuentra la compañía audiovisual vasca Bainet, también NRD, Eurocomunicación e Intercom

En principio, se prevé que la apertura de sobres se retrasará varias semanas, aunque la fecha de la adjudicación del concurso resulta imprevisible, teniendo en cuenta las trabas que está encontrando el proceso de licitación.

TECERO ha precisado que en su recurso ante el TSJ no ha solicitado ninguna medida cautelar, por lo que no prevé que genere ninguna interferencia ni retrasos en el procedimiento que está suspendido. Precisa que su objetivo "no es el cese de las emisiones de 7TV, y mucho menos, causar perjuicio a los profesionales que están desarrollando su labor o privar a los televidentes de un servicio público de carácter esencial".

La suspensión del concurso ha generado una gran inquietud entre los profesionales del sector audiovisual y las productoras de la Región, aunque TCERO ha asegurado que su intención no es recortar los sueldos, sino aclarar con precisión cómo se computarán las propuestas de cada postor, después de haber realizado varias consultas infructuosas a la Consejería de Presidencia y Hacienda.

El grupo murciano presidido por Zambudio también presentó una denuncia contra Secoya por un presunto «abuso de posición de dominio» ante el Servicio de la Competencia. TCERO acusó a actual concesionaria de firmar acuerdos de exclusividad con los trabajadores y las productoras de sector audiovisual para garantizarse una ventaja en el concurso.

Aunque el Servicio de la Competencia, que es un órgano adscrito a la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, no ha resuelto la queja, emitió una resolución a principios de junio en la que decía que estos acuerdos suscritos por la concesionaria de La 7 no debían puntuar en la puntuación del concurso.