La oposición lo define como «un nuevo decretazo» para desregular la actividad empresarial en la Región. Se trata de una modificación de los artículos 100 y 101 de la Ley del Suelo que acortará los trámites para realizar una construcción con menos controles públicos. El Gobierno ha incluido la nueva reforma en un decreto aprobado ayer en la Asamblea Regional con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, que contempla bajadas de impuestos en diversos ámbitos para reducir los perjuicios provocados por la crisis de la Covid-19.

El diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños alertó de que la reforma permitirá «el urbanismo a la carta» en declaraciones a LA OPINIÓN. Considera que el objetivo de la modificación de la Ley del Suelo es «permitir a alguna empresa instalarse en un suelo que sea urbanizable sectorizado solo con la aprobación inicial, no la definitiva».

No es la primera vez que el Gobierno regional recurre a un decreto sobre medidas destinadas a paliar los efectos del coronavirus para introducir cambios en la Ley del Suelo que tratan de eliminar trámites urbanísticos. En otro decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid en el área de vivienda (3/2020)' ya intentó eliminar las evaluaciones ambientales necesarias hasta ahora para aprobar un estudio de detalle, lo que ha llevado al PSOE a anunciar un recurso al Constitucional, que ya ha fallado sobre una reforma legal parecida de Baleares.

El parlamentario explica que a partir de ahora una empresa podrá dar curso a una obra exclusivamente con la luz verde que otorga el ayuntamiento correspondiente, sin pasar la fase de exposición pública en la que cualquier persona puede presentar alegaciones a la aprobación del proyecto. «Esto es un fraude de ley porque se está autorizando el uso transitorio del suelo en un planeamiento que está sin aprobar definitivamente y con carácter retroactivo», sentencia el parlamentario.

Los diputados regionales de Podemos también se opusieron a la aprobación del decreto debatido ayer. María Marín lo califica de «decretazo». «Se siguen desregulando una serie de leyes que nada tienen que ver con la Covid», asegura.

Afirma Marín que «con la cortina de humo de aprobar una rebaja del IRPF que podría ser buena, nos sacan este decretazo que lo que hace es favorecer a los de siempre, pero de manera más desregulada».

Dentro de este decreto se incluyen diversas medidas destinadas a rebajar la presión fiscal entre las que destaca la bajada de 400 euros para aquellas personas que tengan que contratar a una persona que se encargue del cuidado de menores de hasta 12 años y una rebaja de 600 euros para aquellos casos en los que se tenga que cuidar a personas mayores o con discapacidad, de las que se podrán beneficiar hasta 1.600 familias de la Región, según explicó la diputada popular María Dolores Varcárcel, encargada de defender la propuesta en la Asamblea Regional.

También se incluyen incentivos para fomentar las donaciones en investigación biosanitaria y la promoción de actividades culturales y deportivas. Además, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% contarán con una deducción de 100 euros lo que redundará en beneficio a más de 12.000 personas.

Para la diputada autonómica del Partido Popular esta nueva norma «es un paso más del presidente López Miras en la rebaja de impuestos para hacer la vida más fácil a las familias y a los colectivos especialmente vulnerables en estos momentos tan difíciles».