Ciudadanos ha propuesto una solución salomónica a la reforma de la Ley de Protección Ambiental incluida por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en un decreto de medidas urgentes para paliar los efectos del coronavirus. Aunque el portavoz de Cs, Juan José Molina, reconoce la imposibilidad de que los municipios más pequeños puedan asumir la obligación de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos empresariales y urbanísticos, riza el rizo y propone crear la figura de la 'Entidad colaboradora de actuaciones urbanísticas' para supervisar el traspaso de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes que deseen asumir tales competencias.

Como los consistorios más pequeños no tienen medios técnicos ni personal para realizar informes especializados para autorizar instalaciones industriales ni evaluaciones de impacto ambiental, el propio decreto ley 5/2020 ha contemplado la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes establezcan convenios con la Administración regional para encargarle a la Comunidad las evaluaciones que ahora realiza la Consejería de Medio Ambiente.

Juan José Molina, considera necesario que la Administración autonómica siga ejerciendo como «órgano medioambiental para aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes». No obstante, propone en sus enmiendas una compleja fórmula para que los municipios que quieran asumir tales competencias puedan obtenerlas. Su alternativa es crear «una entidad colaboradora que verifique los aspectos económicos y técnicos de dicha solicitud» junto con la Comunidad, lo que añadiría más complicaciones al proceso que se intenta simplificar con el decreto.

«Esta posibilidad permitirá a estos ayuntamientos -y solo si así lo desean y superan los requisitos técnicos y económicos necesarios establecidos por la entidad de colaboración y por la propia Comunidad- convertirse en órgano sustantivo en materia medioambiental», explica Molina, que compara esta figura con «las entidades colaboradoras en el ámbito agrícola».

Sin embargo, el PSOE sostiene que la Comunidad no puede trasladar competencias a los ayuntamientos que no estén contempladas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, que establecen las obligaciones de las corporaciones locales, por lo que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Protección Ambiental. Asegura que solo los cuatro municipios con más de 50.000 habitantes de la Región podrían asumir las obligaciones impuestas por el Ejecutivo y remite a sentencias del Constitucional, en las que indica que «las comunidades autónomas deben respetar las bases del régimen local», así como la autonomía municipal. El PSOE ha propuesto a Cs consensuar las enmiendas al decreto que se está tramitando como ley, pero que la formación naranja trata de salvar la reforma.