El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en el denominado caso 'Desaladora 2', ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia para pedir que investigue si el ex presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, tiene patrimonio en paraísos fiscales y para solicitar que deposite una fianza por el daño efectuado al erario público o, en caso contrario, que se embarguen sus bienes.

En el escrito, De Ramón recuerda que el informe del Interventor General recoge que el Tribunal de Cuentas calculó en 52 millones de euros las perdidas en los últimos cuatro años en la explotación de la desaladora de Escombreras, "que se han pagado desde las arcas regionales".

"El contrato de arrendamiento de construcción y el resto de los contratos en torno a la desaladora de Escombreras formalizados entre la Comunidad Autónoma y la empresa Hydromanagement (propiedad del grupo de empresas del Sr. Florentino Perez) en el año 2006, implican una serie de obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que podría lograr la sociedad", subraya el letrado murciano.

Así, recuerda que estas manifestaciones vienen recogidas en el informe realizado por la Intervención General de 18 de mayo del año 2015 a petición de la Comunidad Autónoma, donde los Servicios Juridicos de la Comunidad daban pie a la existencia de "indicios de responsabilidad contable".

En este sentido, De Ramón recuerda que el Ministerio Fiscal sostenía que "es imposible mantener a la Comunidad Autónoma como responsable civil subsidiario" y pedía que se requiera a los investigados y sociedades no afectadas una fianza en concepto de responsabilidad civil "en base al presunto daño total al erario público".

Por ello, De Ramón pide que se requiera a Valcárcel una fianza. En caso contrario, solicita que se proceda a embargarle "bienes suficientes, según la declaración patrimonial", además de las pensiones que recibe "de su anterior condición de exvicepresidente de la Unión Europea y de expresidente de la Comunidad Autónoma".

Por otro lado, De Ramón también pide al Juzgado que se dirija un oficio judicial a la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales dependiente del Banco de España, (SEPBLAC) con unidades especiales de investigación criminal de delitos económicos de la Policía Judicial, para que investigue a Valcárcel.

En concreto, pide que se investiguen los viajes institucionales que Valcárcel realizó desde Murcia a Panamá en representación de la Comunidad; así como cuántos vuelos realizó; el pasaje del avión; quiénes iban con él; los objetivos o misiones comerciales que iba a realizar y los objetivos conseguidos.

Igualmente, pide que se investiguen todos aquellos viajes que realizó a lugares donde existían paraísos fiscales "en el continente americano, y en Europa, Luxemburgo, Suiza y Andorra, al objeto de averiguar si tiene patrimonio económico", así como el uso de "personas interpuestas a los grupos o sociedades mercantiles creadas de forma paralela".