Cuando el Ministerio de Hacienda comenzó a hacer públicos los datos, en medio de la mayor crisis financiera de la historia, la deuda viva de los ayuntamientos murcianos con los bancos se había disparado hasta alcanzar una preocupante cifra: 630,5 millones de euros. Once años después, las entidades locales encaran una nueva coyuntura económica desfavorable, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, después de un largo periodo de restricciones presupuestarias y esfuerzos contables que, pese a ello, no han podido rebajar la cifra hasta los números de 2008. La nueva crisis la afrontan con 163 millones de euros más que hace once años.

Sin embargo, sí han logrado reducir ese pasivo en 200 millones en comparación con la deuda viva de 2013, la peor de toda la recesión económica (992 millones de euros en total ese año). El año pasado los consistorios cerraron sus cuentas con 794,2 millones en amortizaciones pendientes con las entidades financieras, la cuarta menor cifra desde que se tienen registros.

La explicación del descenso desde 2013 es obvia: los consistorios apenas tienen margen para invertir sus remanentes en otra cosa que no sea reducir deuda, una losa que sigue condicionando la gestión diaria en muchas localidades. La Ley de Estabilidad -aprobada en los años de austeridad e impuesta por Bruselas-, recortó de forma drástica el déficit público a fuerza de los planes de ajuste apadrinados por el ministro Montoro. Después del repunte registrado en 2012 como consecuencia del plan que afloró obligaciones de los ayuntamientos hasta entonces ocultas y marcó un techo histórico de números rojos, de 969 millones de euros, el ritmo de reducción del pasivo ha ido con altibajos pero siempre en descenso.

Desde entonces, los ayuntamientos aún tienen la obligación de dedicar el superávit de cada año a pagar deuda bancaria, una imposición gubernamental que no ha cambiado con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia -pese a las reclamaciones municipales- y que ha mantenido atadas a la gran mayoría de las arcas municipales.

Solo en 2019, el pasivo de las corporaciones murcianas se vio rebajado en casi 50 millones de euros, un 6%. El año electoral, pese a ello, no influyó en los balances, puesto que en el ejercicio anterior, 2018, la reducción fue inferior, del cuatro por ciento.

Otro rasgo que evidencia el cambio de panorama y el grado de saneamiento de las finanzas locales es el número de ayuntamientos que pueden presumir de haber reducido su deuda: 31. Representan dos tercios del total de las corporaciones de la Región de Murcia. Sin embargo, pocas instituciones locales han logrado reducir ese pasivo a cero: cuatro contando con Fortuna, Jumilla, Las Torres de Cotillas y Ulea, según datos del Ministerio de Hacienda.

El Ayuntamiento de Murcia es el que más ‘bocado’ le pegó a su pasivo en 2019, al recortarlo en casi 25 millones de euros. Le siguen Alcantarilla y Lorca, que consiguieron amortizar compromisos por un importe de 4,7 y 4,3 millones, junto a Los Alcázares (2,5 millones menos de deuda) y Cartagena (2 millones). En cambio, once entidades locales elevaron sus números rojos en 2019. Especialmente notable es el incremento registrado en Fuente Álamo (dos millones de euros más de pasivo), así como el contabilizado en Ceutí, con 1,3 millones de euros, según Hacienda. Otros municipios donde aumentan los compromisos con los bancos son Moratalla, Totana, Archena, Villanueva del Río Segura, Blanca, Aledo, Santomera y Campos del Río.

Demanda del superávit

El mismo día en que el Ministerio dio a conocer los buenos datos del nivel de saneamiento municipal, con una reducción media de la deuda en España del 10%, el Senado pidió al Gobierno que permita a los ayuntamientos invertir sus ahorros para contar con la liquidez necesaria con tal de reforzar los servicios públicos y combatir los efectos de la crisis del coronavirus. Una demanda reivindicada por la Federación de Municipios por la que los alcaldes del PSOE se han enfrentado al Ejecutivo Central.

A 1 de enero de 2020, la deuda per cápita entre los ayuntamientos murcianos se situaba de media en 503 euros por habitante, un 11,2% por debajo de la cifra de hace un año tras reducirse en 63 euros. En 2013, cuando se alcanzó el pico, la deuda viva ascendía a 678,6 euros por habitante.

Junto al de Murcia, que arrastra una deuda de 305 millones de euros, el de Totana es el segundo consistorio murciano con el pasivo más alto con los bancos, con 98,2 millones pendientes de amortización. Otras de las más endeudadas son Cartagena (con 56,7 millones de deuda), Lorca (32 millones) y Ceutí (con 28 millones).