El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha criticado la pasividad del ayuntamiento de Torre Pacheco para reclamar al ex alcalde Daniel García, a un ex concejal y al interventor municipal el reintegro de los 85.400 euros que costó su defensa en la causa en la que fueron condenados en 2014 por un delito de prevaricación administrativa.

Esa crítica se contiene en el dictamen que este órgano consultivo ha emitido a instancias del consistorio y en el que se indica que la revisión de oficio del expediente de pago de las minutas por la defensa de los acusados, promovido por el mismo, no es posible porque el mismo no existió.

El dictamen es concluyente al comentar que «al no existir el contrato -de asistencia jurídica-, no cabe plantear la revisión de oficio del mismo, pues no procede declarar nulo lo que no existe y que, en consecuencia, no ha llegado a producir efecto alguno».

Y añade que el hecho de que el ayuntamiento sufragara los honorarios de la defensa no puede considerarse como la prueba irrefutable de la existencia de un contrato administrativo, máxime cuando falta el encargo municipal que habría de constituir la causa del mismo.

Dice el dictamen que el este órgano consultivo no puede dejar de señalar que se haya dejado pasar tanto tiempo desde que se produjo la sentencia condenatoria «sin que se haya conseguido de los condenados el reintegro de los gastos de defensa que les fueron anticipados por el Consistorio».

Y destaca igualmente que el Consistorio dejó caducar el expediente por responsabilidad patrimonial para exigir el reintegro de la citada suma y que fue iniciado en 2016. «No hay justificación alguna para una actuación administrativa que resulta rayana en la pasividad, con claro perjuicio para el interés público», hace hincapié el Consejo.