Once personas se concentraron ayer a las 11 de la mañana frente al centro residencial de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Con Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo de Murcia (Afapade), situado en el barrio de La Flota. Los trabajadores de la asociación de padres de hijos con autismo denuncian falta de personal, el incumplimiento reiterado del convenio en materia salarial y deficientes medidas de seguridad e higiénicas frente a futuras eventualidades relacionadas con la covid-19.

El centro ha podido abastecerse de mascarillas y guantes por medio de una donación de UGT, relata el delegado sindical Ángel Gabriel Conesa. Unos recursos que son muy necesarios a la hora de tratar con usuarios con los que resulta difícil ponerles mascarilla o guardar una distancia de seguridad. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún contagio pero la pandemia puso la carga de trabajo "al límite" para los trabajadores, continúa. Una situación a la que se sumaron bajas voluntarias de los empleados por temor a contagiarse al ser pertenecientes a grupos de riesgo o estar al cuidado de alguno. "No es el momento, pero no queda otra opción", sentencia Conesa.

El centro está administrado por la asociación y recibe una subvención del IMAS. En junio de 2019 se les reconoció un aumento salarial con la renovación del convenio. Actualmente el salario base ronda los 900 euros, el nuevo convenio lo aumentó a los 990 euros, los cuales llevan 18 meses sin percibir. Tras varias reuniones de UGT y CGT con el IMAS, corroboraron que el ente público cumplió con lo acordado y aumentó el importe de la subvención para cubrir los nuevos salarios. Conesa apunta incluso que el IMAS es consciente de "la mala gestión del dinero por parte de la directiva". No obstante, los sueldos no fueron el único punto de discrepancia; con la pandemia las medidas de seguridad llevaron al Comité directivo de la asociación a establecer unas jornadas de 24 horas y reducir el personal a la cantidad imprescindible.

En el centro de La Flota residen 24 usuarios y trabajan 38 empleados. La situación para Conesa ha generado un "clima de enfrentamiento" con la dirección y denuncia "una falta de apoyo y consideración" con los que cuidan de sus hijos. Hay padres, asegura, dispuestos a hacer "el esfuerzo de pagar una cuota mayor y tomar el relevo en la dirección" para dar unas mejores condiciones a los trabajadores, también otros que eran desconocedores de esta situación.

La pandemia les privó del derecho a la huelga. Con el fin del estado de alarma recibieron el permiso de Gobierno regional y les comunicó anoche los servicios mínimos. La asociación los ha impugnado a la Consejería de Política Social al establecer ésta unos servicios mínimos que, explica Conesa, implicarían un aumento del personal. La empresa se ha negado a negociar con los trabajadores los servicios mínimos y están a la espera de la respuesta de la Consejería a su reclamación.