Ecologistas en Acción ha advertido este lunes ante la comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional que el decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19 es una "excusa" para "eliminar los controles medioambientales" en la Región de Murcia y desproteger el medio ambiente.

El portavoz de la organización, Ángel Andrés Monedero, que ha comparecido ante esta comisión, ha alertado de que este decreto favorece la "desregulación y desprotección ambiental, y ha criticado que en el articulado de la ley no se haga "ninguna mención" a solucionar los problemas que ha generado la pandemia.

Así, Ángel Andrés Monedero ha denunciado que esta ley "obedece" de una forma "clara" a los intereses de algunos sectores de la economía regional y a "lobbies de presión" relacionados con el tejido empresarial para no proteger el medio ambiente.

Durante su intervención, ha señalado que la ley de protección ambiental establece que los ayuntamientos puedan realizar una evaluación ambiental de los proyectos urbanísticos, lo que supondrá que se reduzcan "las garantías" de una evaluación "objetiva e independiente", ya que este procedimiento lo realiza la Comunidad Autónoma.

Este hecho permitirá que se acelere la "expansión urbanística" en la Región de Murcia, justo lo "contrario" a lo que hace falta en una pandemia como la actual, que es "evitar las aglomeraciones".

Además, ha añadido, permite aumentar el consumo de recursos naturales en un 30% lo que favorecerá que la generación de vertidos y emisiones al entorno y, en general, la contaminación ambiental, lo que supondrá un coste de "beneficios para las empresas" y se traducirá en un incremento de las enfermedades relacionadas con la contaminación en la región, ha denunciado Monedero.

También ha dicho que la norma reduce de tres a 30 días el plazo para otorgar una modificación y ampliación no sustancial de las instalaciones empresariales, por lo que se da luz verde a que estas modificaciones "no se revisen por falta de tiempo, material o recursos".

Por otra parte, el secretario de la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), Francisco José Caparros Fernández, que también ha comparecido ante la misma comisión, ha considerado que los objetivos del decreto ley 5/2020 responden a las necesidades que tiene la industria.

Así, estas necesidades son agilizar los procesos de evaluación, mejorar el procedimiento de evaluación y autorizaciones, mayor colaboración entre administraciones publicas, unidad de criterios, eliminación de duplicidades, reforzar la autonomía local, reducir plazos, entre otros.

Además, Francisco José Caparros ha asegurado que las industrias químicas de la Región de Murcia son "conscientes" que manejan sustancias perjudiciales para el medio ambiente, por lo que este sector realiza "controles" de medio ambiente, tanto a nivel interno como la Comunidad Autónoma.