26 de junio de 2020
26.06.2020
La Opinión de Murcia
Vivienda

Amplían a 81.500 euros el límite de ingresos para optar a una vivienda protegida

La Comunidad pretende así que haya más beneficiarios de esta situación y establece que, por ejemplo, una pareja sin hijos podrá acceder a estas casas si gana menos de 65.257 euros

26.06.2020 | 13:05
Amplían a 81.500 euros el límite de ingresos para optar a una vivienda protegida

La Comunidad Autónoma amplía los perfiles económicos de los posibles beneficiarios de las viviendas protegidas en la Región de Murcia con el fin de que más familias puedan acceder a su compra según se desprende del borrador del nuevo decreto de Vivienda Protegida al Consejo Asesor de Vivienda, que ha emitido su informe favorable para adaptarlo a la realidad social actual, informa la Consejería de Fomento.

Esta medida se enmarca en las políticas de hogar que impulsa el Ejecutivo regional para facilitar el acceso a una vivienda a todo tipo de personas y familias, en cualquier tipo de régimen. Entre las medidas ya implantadas destacan las de vivienda social, como la condonación del pago del alquiler durante la pandemia y la posibilidad de adquirirlas, y la línea de ayudas al alquiler más importante de los últimos años destinada a los afectados económicamente por el Covid-19.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, destacó que "el nuevo modelo de vivienda protegida pretende cubrir una necesidad de hogar a aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda libre, pero tampoco son beneficiarios de una social". Señaló que "está consensuado con colectivos sociales, con federaciones y asociaciones que representan a las personas con discapacidad y al sector de la construcción".

Incorpora importantes novedades, pues permite adaptar la tipología y superficie de las viviendas para atender a todo tipo familias, desde las personas que viven solas a familias numerosas y a todo aquel que encuentre dificultades para acceder a una vivienda libre.

Así, se da la posibilidad de ampliar las superficies de las viviendas según las necesidades de cada familia. La superficie útil máxima 90 m?2; será la norma general, que alcanzará los 120 m?2; para familias numerosas o integradas por personas con discapacidad, movilidad reducida permanente o dependientes. La superficie útil máxima para familias numerosas de carácter especial o la ampliación de diez metros adicionales por hijo podría llegar a los 150 m?2;.

Según las circunstancias, los ingresos de las familias beneficiarias podrán oscilar entre los 25.000 euros hasta los 81.500 euros, si es una familia con cinco hijos y con personas con discapacidad. Por ejemplo, los ingresos de una pareja joven sin hijos o monoparental de uno o dos hijos podrán ir desde los 25.099 euros hasta los 65.257euros. En el caso de una pareja de dos a cuatro hijos, la renta máxima puede llegar a los 69.919 euros.

Además de las personas con discapacidad, el decreto de Vivienda Protegida presta una especial atención a víctimas de terrorismo y mujeres que sufren violencia machista. Otra importante novedad es que una mujer embarazada podrá alegar su embarazo para acceder a este tipo de viviendas, si el nacimiento de su futuro bebé va a suponer una modificación de su tipo de familia y necesita una vivienda de mayor tamaño.

"Se reduce y agiliza el procedimiento administrativo: evita las duplicidades, simplifica los trámites y hace uso de la declaración responsable para obtener la calificación de vivienda protegida", explicó el consejero.

Díez de Revenga indicó que se impulsa la declaración responsable para obtener la calificación de vivienda protegida y fomentar así la construcción de este tipo de viviendas, "para dinamizar la economía en estos tiempos de coronavirus facilitando a los promotores que puedan emprender estas viviendas protegidas para intentar paliar los efectos de la crisis y crear actividad económica, riqueza y empleo".

El consejero explicó que, tras la presentación del decreto al Consejo Asesor de la Vivienda de la Región de Murcia, se remitirá al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídico para finalmente ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook